Competencias legislativas y funciones administrativas territoriales
Las competencias legislativas y de desarrollo normativo sobre el régimen local que han sido asumidas por diversas Comunidades Autónomas, tales como el , deben ejercerse respetando el marco de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). Específicamente, estas facultades se circunscriben a lo dispuesto en el artículo 13 (alteración de términos municipales) y el Título IV (otras entidades locales), así como a los preceptos relativos a la organización provincial y regímenes especiales.
Régimen foral del País Vasco
El régimen de los Territorios Históricos (Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) presenta singularidades profundas derivadas de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Estos territorios organizan libremente sus instituciones y dictan las normas necesarias para su funcionamiento, sin que les sea de aplicación la normativa general sobre organización provincial contenida en la LBRL.
- Autonomía Normativa: Corresponde a las Instituciones Forales el desarrollo normativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en las materias que les sean atribuidas.
- Concierto Económico: Las relaciones financieras se rigen por la Ley 12/2002. Las funciones de tutela financiera son ejercidas por las instituciones vascas competentes.
- Las Diputaciones Forales son las encargadas de aprobar los planes económico-financieros de sus corporaciones locales y recibir la comunicación del coste efectivo de los servicios.
- 65%: Reservado a los méritos de carácter estatal.
- 30%: Méritos fijados por la Comunidad Autónoma (especialidades jurídicas y económico-administrativas derivadas del Concierto Económico).
- 5%: Méritos específicos determinados por la Corporación Local.
Régimen foral de Navarra y organización comarcal en Cataluña
En el caso de , la LBRL rige en todo aquello que no se oponga a lo establecido en el artículo 46 de la LORAFNA (Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral). Respecto a , se prevé una excepción para completar su organización comarcal. Si la aplicación de la ley impidiera de forma minoritaria dicha organización, la Generalidad puede, mediante Ley aprobada por mayoría absoluta, constituir las comarcas restantes para cubrir todo su territorio.
Asociaciones de entidades locales
Las Entidades Locales tienen el derecho de asociarse para la protección de sus intereses. Estas asociaciones (como la FEMP) se rigen por sus propios estatutos y, supletoriamente, por la legislación estatal de asociaciones.
- Entidades Colaboradoras: Pueden actuar como tales en la gestión de subvenciones públicas.
- Centrales de Contratación: Tienen capacidad para crear centrales de contratación a las que pueden adherirse las entidades asociadas para obras, servicios y suministros.
- Representatividad: La asociación de ámbito estatal con ostenta la representación institucional ante la Administración General del Estado.
Regímenes especiales de Madrid y Barcelona
Tanto Madrid como Barcelona mantienen sus regímenes especiales vigentes en lo que no contradigan la LBRL. No obstante, las leyes autonómicas pueden actualizar estos regímenes permitiendo especialidades organizativas:
- Modificación de la denominación de órganos necesarios.
- Funcionamiento del Pleno mediante Comisiones con funciones delegadas.
- Atribución de competencias propias a la en materias de urbanismo, contratación y personal que la ley atribuye al Alcalde.
Control de extranjería y acceso al padrón
La tiene acceso a los datos de inscripción padronal de extranjeros para el ejercicio de sus competencias en materia de control y permanencia. Este acceso debe ser preferentemente telemático y contar con estrictas medidas de seguridad, quedando constancia de cada consulta (usuario, fecha, hora y datos).
Redimensionamiento del sector público local
Esta es una de las disposiciones más rigurosas tras la reforma de racionalización y sostenibilidad. Se prohíbe a las Entidades Locales bajo un plan económico-financiero o de ajuste la creación de nuevas entidades o sociedades.
- Aprobar un plan de corrección en 2 meses.
- Lograr el equilibrio antes del 31 de diciembre de 2014 (o 2015 para servicios esenciales como agua o transporte).
- En caso de persistir el desequilibrio, la disolución automática se producirá el 1 de diciembre de 2015 (o 2016 para servicios esenciales).
Retribuciones y contratos en el sector público local
El personal directivo y los contratos mercantiles de alta dirección en el sector público local se someten a límites estrictos. Las retribuciones se dividen en básicas y complementarias (puesto y variable por objetivos).
El Pleno de la Corporación debe clasificar las entidades en tres grupos basándose en su volumen de negocio, trabajadores y necesidad de financiación. Esta clasificación limita el número de miembros de los consejos de administración:
- Máximo 15 miembros.
- Máximo 12 miembros.
- Máximo 9 miembros.
Cabildos insulares canarios
Se establece un régimen de organización similar al de los municipios de gran población para los Cabildos de islas con más de 175.000 habitantes, o más de 75.000 habitantes si así lo decide el Parlamento Canario. Los órganos necesarios son el Pleno, el Presidente y el Consejo de Gobierno Insular.
Incompatibilidades de directivos locales
Los titulares de órganos directivos están sujetos a la Ley 53/1984 y a las limitaciones de actividades privadas de la Ley 3/2015 de altos cargos del Estado. Además, deben cumplir con la obligación de presentar declaraciones de actividades y de bienes, al igual que los funcionarios con habilitación de carácter nacional que desempeñen puestos de especial responsabilidad.
Disposiciones sobre el ámbito territorial de Cataluña
Debes prestar especial atención a la disposición adicional decimoséptima y decimoctava, que establecen un régimen singular basado en el bloque de la constitucionalidad:
- Se reconoce la posición singular de Cataluña en materia institucional y sus competencias exclusivas y compartidas según su Estatuto de Autonomía.
- En cuanto al personal con habilitación nacional en Cataluña, la asume facultades de creación, clasificación y supresión de puestos, así como la selección, formación y asignación del primer destino, coordinándose con el Estado para la provisión de plazas vacantes.