Test del Título VI de la Ley 7/1985

Bienes, actividades y servicios, y contratación

  • 82 preguntas de esta parte
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con el test del Título VI

Título VI

Bienes, actividades y servicios, y contratación

10 preguntas al azar de las 82 de esta parte, con la explicación de cada respuesta. Cada intento saca preguntas distintas.

Preguntas de ejemplo del Título VI

  1. ¿Cuánto tiempo debe estar adscrito un bien patrimonial a un uso o servicio público para que se produzca la alteración automática de su calificación?

    • Quince años.
    • Veinte años.
    • Diez años.
    • Más de veinticinco años.

    Respuesta correcta: Más de veinticinco años. El artículo 81.2.b) indica que la alteración automática se produce por la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.

  2. ¿Cuál de las siguientes es una forma de gestión DIRECTA de un servicio público local?

    • Sociedad de economía mixta.
    • Entidad pública empresarial local.
    • Contrato de concesión de servicios.
    • Contrato de servicios con una empresa privada.

    Respuesta correcta: Entidad pública empresarial local. El artículo 85.2.A define como gestión directa: a) Entidad Local; b) Organismo autónomo local; c) Entidad pública empresarial local; d) Sociedad mercantil local (capital público). El contrato de concesión es gestión indirecta.

  3. En la escritura de constitución de una sociedad mercantil local, ¿qué debe constar necesariamente respecto al capital?

    • El capital mínimo legal de 3.000 euros sin excepción.
    • Que el capital debe ser íntegramente privado.
    • El capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de ellas.
    • La prohibición de aportaciones dinerarias.

    Respuesta correcta: El capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de ellas. El artículo 85 ter.2 especifica que en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.

  4. Para que las Entidades Locales ejerzan la iniciativa pública en actividades económicas, ¿qué condición debe estar garantizada preceptivamente?

    • La previa autorización del Ministerio de Hacienda.
    • El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
    • Un superávit presupuestario en los tres ejercicios anteriores.
    • La ausencia de empresas privadas en el sector.

    Respuesta correcta: El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El artículo 86.1 establece que las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera.

  5. El expediente para el ejercicio de actividades económicas locales debe justificar la 'conveniencia y oportunidad' de la medida, ¿qué otro elemento debe justificarse?

    • Que se ha realizado una consulta popular previa.
    • Que no existe ninguna otra forma de gestión posible.
    • Que no genera riesgo para la sostenibilidad financiera.
    • Que cuenta con el apoyo de la mayoría de los sindicatos.

    Respuesta correcta: Que no genera riesgo para la sostenibilidad financiera. Según el artículo 86.1, en el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera.

Resumen del Título VI

Significado de los colores

Plazos, fechas y números Órganos, autoridades y competencias Prohibiciones o excepciones Derechos o principios Definiciones clave y conceptos Citas a artículos o leyes

Clasificación y régimen de los bienes locales

El patrimonio de las entidades locales se define en el artículo 79 como el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen. Debes distinguir fundamentalmente entre dos categorías jurídicas con regímenes de protección muy diferenciados:

  • Bienes de dominio público: Son aquellos destinados a un uso o servicio público. Dentro de esta categoría, adquieren especial relevancia los bienes comunales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
  • Bienes patrimoniales: Son aquellos que, siendo propiedad de la entidad, no están destinados directamente al uso o servicio público. Se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por el Derecho privado.
Los bienes comunales y los de dominio público gozan de una protección "blindada": son inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar), imprescriptibles (no se adquieren por el paso del tiempo) y están exentos de tributos.

Alteración de la calificación jurídica

Para cambiar la naturaleza de un bien (por ejemplo, de patrimonial a de dominio público), el artículo 81 exige con carácter general un expediente que acredite su oportunidad y legalidad. Sin embargo, podrás observar que la ley prevé la alteración automática en dos supuestos críticos:

  • Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana o proyectos de obras y servicios.
  • Adscripción de bienes patrimoniales a un uso o servicio público durante más de veinticinco años.

Prerrogativas de las entidades locales

La administración local dispone de facultades especiales para proteger su patrimonio, destacando la recuperación de oficio de la posesión. Los plazos de esta potestad varían según el tipo de bien:

Recuperación de la posesión
  • Bienes de dominio público: En cualquier momento (facultad ilimitada temporalmente).
  • Bienes patrimoniales: Siempre que se inicie en el plazo de un año desde la usurpación.

Intervención administrativa en la actividad ciudadana

El artículo 84 establece los medios por los cuales las entidades locales pueden intervenir en la actividad de los ciudadanos. Esta intervención debe ajustarse estrictamente a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad.

Los medios de intervención incluyen ordenanzas, bandos y órdenes individuales. No obstante, el sistema ha evolucionado hacia un control menos restrictivo a priori:

  • Comunicación previa y declaración responsable: Es el régimen general para el acceso a actividades de servicios, permitiendo el inicio de la actividad desde su presentación.
  • Control posterior: Verificación del cumplimiento de la normativa una vez iniciada la actividad.
  • Licencia o control preventivo: Solo se permite de forma excepcional cuando existan razones de orden público, seguridad, salud pública o protección del medio ambiente que no puedan salvaguardarse por otros medios.
Las instalaciones físicas para actividades económicas solo requerirán autorización si una Ley define requisitos esenciales por riesgo de daños al medio ambiente, seguridad o patrimonio histórico, evaluando factores como la potencia eléctrica, el aforo o la contaminación acústica.

Gestión de los servicios públicos locales

El artículo 85 impone que los servicios de competencia local se gestionen de la forma más sostenible y eficiente. El legislador establece una jerarquía y unos requisitos estrictos para elegir la modalidad de gestión.

Gestión directa

Es la realizada por la propia entidad o a través de entes dependientes:

  • Gestión por la propia Entidad Local.
  • Organismo autónomo local.
  • Entidad pública empresarial local.
  • Sociedad mercantil local (capital 100% público).
Para usar las formas de Entidad Pública Empresarial o Sociedad Mercantil, es obligatorio un expediente con una memoria justificativa que demuestre que son más sostenibles y eficientes que las formas básicas, incluyendo un informe del Interventor local sobre sostenibilidad financiera.

Gestión indirecta

Se realiza mediante las formas previstas en la normativa de contratos del sector público. Debes tener presente que nunca podrá usarse la gestión indirecta para funciones que impliquen el ejercicio de autoridad o que correspondan en exclusiva a funcionarios públicos.

Iniciativa pública y servicios reservados

Las entidades locales pueden ejercer la iniciativa pública para actividades económicas (artículo 86), pero bajo condiciones de mercado rigurosas: no debe existir riesgo para la sostenibilidad financiera y se requiere un análisis de oferta, demanda y rentabilidad.

Existen ciertos servicios que la ley declara como esenciales y reservados en favor de las entidades locales, pudiendo ejercerse en régimen de monopolio:

  • Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas.
  • Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
  • Transporte público de viajeros.
Para que una entidad local ejecute estas actividades en régimen de monopolio, no basta con el acuerdo del Pleno; se requiere además la aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Régimen de los entes instrumentales

Los organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales se rigen por la normativa estatal de organización y funcionamiento con especialidades propias del ámbito local:

  • Creación y estatutos: Corresponden siempre al Pleno de la entidad local.
  • Dirección: El titular del máximo órgano de dirección debe ser un titulado superior (funcionario o profesional con más de cinco años de ejercicio).
  • Control: Están sujetos a un control de eficacia y a la supervisión de la concejalía o área a la que estén adscritos.
  • Sociedades Mercantiles: Se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materias presupuestarias, contables y de contratación.

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