Tests de la Ley 19/2013 de Transparencia

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

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Preguntas actualizadas
Resumen estructurado
Actualizado 2026

Puntos clave de la ley

Dualidad del Ámbito Subjetivo

Es crítico distinguir entre los sujetos obligados por publicidad activa y derecho de acceso (Administraciones, Casa Real, Cortes) y aquellos sujetos del Art. 3 (partidos, sindicatos y entidades privadas con subvenciones >100.000€ o 40% de ingresos) que solo están obligados a publicidad activa. Es una pregunta 'trampa' recurrente en tests.

Silencio Administrativo Negativo

A diferencia de la norma general del procedimiento administrativo, el Art. 20.4 establece que el vencimiento del plazo máximo de un mes para resolver (ampliable por otro mes) sin notificación expresa tiene efectos desestimatorios. Este matiz es vital para no confundirlo con la Ley 39/2015.

Reclamación Sustitutiva ante el CTBG

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 24) tiene carácter potestativo y, sobre todo, es sustitutiva de los recursos administrativos ordinarios. El opositor debe dominar el plazo de interposición (1 mes) y resolución (3 meses), ya que agota la vía administrativa.

Límites y Test de Ponderación

El derecho de acceso no es absoluto. El Art. 14 detalla los límites (seguridad nacional, defensa, etc.) que requieren un 'test de daño' y un 'test de interés público'. Además, el Art. 15 sobre protección de datos es fundamental: los datos especialmente protegidos exigen consentimiento expreso por escrito del afectado.

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  1. ¿Cuál es la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública según el artículo 30.8?

    • En los términos del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual.
    • En los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
    • Según lo que determine discrecionalmente el Consejo de Ministros.
    • Mediante el pago de una tasa fija de 6.000 euros.
  2. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves de buen gobierno?

    • Tres meses.
    • Seis meses.
    • Un año.
    • Dos años.
  3. Según la definición legal, ¿qué se entiende por información pública?

    • Solo los documentos en soporte papel elaborados por la Administración.
    • Los contenidos o documentos, en cualquier formato, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
    • Únicamente la información que haya sido publicada en el BOE.
    • Cualquier dato que obre en poder de la Administración, independientemente de si fue adquirido en ejercicio de sus funciones o no.
  4. Para clientes que desempeñen funciones públicas importantes en otros Estados miembros, ¿qué nivel de autorización se requiere para establecer relaciones de negocio según el artículo 14.2.b)?

    • Autorización del Consejo de Administración.
    • Autorización del responsable de cumplimiento normativo únicamente.
    • Autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo.
    • No requiere autorización especial si el cliente es de la UE.
  5. ¿Qué memoria específica debe publicarse en el marco de la elaboración de textos normativos?

    • La memoria económica de la Ley de Presupuestos.
    • La memoria del análisis de impacto normativo.
    • La memoria de sostenibilidad ambiental.
    • La memoria de actividades del Consejo de Estado.
  6. ¿Cuándo se considera infracción muy grave la comisión de una infracción grave?

    • Cuando se cometa por segunda vez en el mismo mes.
    • Cuando el autor haya sido sancionado por dos infracciones graves el año anterior sin recurso administrativo posible.
    • Siempre que el perjuicio económico supere los 600.000 euros.
    • Cuando sea ratificada por el Defensor del Pueblo.
  7. En relación con la información estadística sobre contratos, ¿qué categorías de empresas deben desglosarse específicamente en cuanto a su porcentaje de participación?

    • Únicamente las grandes empresas y multinacionales.
    • Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes).
    • Solo empresas de economía social y cooperativas.
    • Empresas con sede social en territorio nacional exclusivamente.
  8. ¿A qué instituciones se aplica la Ley en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, según el artículo 2.1.f)?

    • Únicamente al Congreso de los Diputados y al Senado.
    • Al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo.
    • A todas las empresas privadas que contraten con el sector público.
    • Exclusivamente a las instituciones autonómicas de control externo.
  9. Si ha existido oposición de un tercero a la concesión de información, ¿cuándo tendrá lugar el acceso?

    • Inmediatamente después de dictarse la resolución.
    • A los diez días de la notificación, independientemente de los recursos.
    • Cuando transcurra el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o este sea resuelto confirmando el derecho.
    • Solo si el tercero retira su oposición por escrito.
  10. ¿Quiénes son los titulares del derecho de acceso a la información pública?

    • Solo los ciudadanos españoles mayores de edad.
    • Únicamente las personas que acrediten un interés legítimo.
    • Todas las personas.
    • Solo los representantes de medios de comunicación.

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Preguntas frecuentes

La Ley 19/2013 es un pilar fundamental en el temario de prácticamente cualquier oposición en España, ya sea de ámbito estatal, autonómico o local. Es una norma transversal que afecta a todo el funcionamiento del sector público, por lo que dominarla es clave para asegurar puntos en la parte de Derecho Administrativo y Organización del Estado.

Sí, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sigue plenamente vigente y es la normativa de referencia para las convocatorias de 2026. Es fundamental estudiar siempre sobre el texto consolidado para evitar errores con las pequeñas modificaciones que ha podido sufrir en sus disposiciones adicionales.

La ley se divide principalmente en tres títulos: el Título I dedicado a la Transparencia de la actividad pública (publicidad activa y derecho de acceso), el Título II centrado en el Buen Gobierno, y el Título III que regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Conocer esta estructura te ayudará a ubicar rápidamente cualquier pregunta de examen.

Los temas más recurrentes en los exámenes tipo test son los límites al derecho de acceso a la información, las obligaciones de publicidad activa y el régimen sancionador en materia de buen gobierno. Los tribunales suelen preguntar mucho sobre plazos de resolución y los supuestos en los que se puede denegar la información.

En nuestra plataforma ofrecemos una amplia batería de preguntas sobre la Ley 19/2013. Además, contamos con una herramienta innovadora que permite a los usuarios subir sus propios materiales o esquemas para generar preguntas de forma automática, adaptando el estudio a las necesidades particulares de cada persona.

A diferencia de otras leyes más extensas, la Ley 19/2013 es relativamente corta (38 artículos). Su dificultad reside en la precisión de los conceptos y plazos, pero con una buena planificación y la práctica constante de tests, es una de las materias más asequibles y agradecidas del temario.
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