Tests de la Ley 19/2013 de Transparencia

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

  • Test general y 6 tests por títulos
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con tests de la Ley 19/2013 de Transparencia

Empieza por el test general, con preguntas de toda la ley, o elige un título concreto para repasarla a fondo.

Test general

Ley 19/2013 de Transparencia

20 preguntas de toda la ley, con la explicación de cada respuesta. Al final verás tu nota y qué has fallado.

  1. ¿Cuál es la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública según el artículo 30.8?

    • Mediante el pago de una tasa fija de 6.000 euros.
    • En los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
    • En los términos del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual.
    • Según lo que determine discrecionalmente el Consejo de Ministros.
  2. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves de buen gobierno?

    • Tres meses.
    • Seis meses.
    • Un año.
    • Dos años.
  3. Según la definición legal, ¿qué se entiende por información pública?

    • Únicamente la información que haya sido publicada en el BOE.
    • Los contenidos o documentos, en cualquier formato, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
    • Cualquier dato que obre en poder de la Administración, independientemente de si fue adquirido en ejercicio de sus funciones o no.
    • Solo los documentos en soporte papel elaborados por la Administración.
  4. Para clientes que desempeñen funciones públicas importantes en otros Estados miembros, ¿qué nivel de autorización se requiere para establecer relaciones de negocio según el artículo 14.2.b)?

    • Autorización del responsable de cumplimiento normativo únicamente.
    • Autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo.
    • No requiere autorización especial si el cliente es de la UE.
    • Autorización del Consejo de Administración.
  5. ¿Qué memoria específica debe publicarse en el marco de la elaboración de textos normativos?

    • La memoria de sostenibilidad ambiental.
    • La memoria de actividades del Consejo de Estado.
    • La memoria del análisis de impacto normativo.
    • La memoria económica de la Ley de Presupuestos.
  6. ¿Cuándo se considera infracción muy grave la comisión de una infracción grave?

    • Cuando el autor haya sido sancionado por dos infracciones graves el año anterior.
    • Cuando sea ratificada por el Defensor del Pueblo.
    • Cuando se cometa por segunda vez en el mismo mes.
    • Siempre que el perjuicio económico supere los 600.000 euros.
  7. En relación con la información estadística sobre contratos, ¿qué categorías de empresas deben desglosarse específicamente en cuanto a su porcentaje de participación?

    • Únicamente las grandes empresas y multinacionales.
    • Solo empresas de economía social y cooperativas.
    • Empresas con sede social en territorio nacional exclusivamente.
    • Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes).
  8. ¿A qué instituciones se aplica la Ley en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, según el artículo 2.1.f)?

    • Únicamente al Congreso de los Diputados y al Senado.
    • Exclusivamente a las instituciones autonómicas de control externo.
    • Al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo.
    • A todas las empresas privadas que contraten con el sector público.
  9. Si ha existido oposición de un tercero a la concesión de información, ¿cuándo tendrá lugar el acceso?

    • A los diez días de la notificación, independientemente de los recursos.
    • Solo si el tercero retira su oposición por escrito.
    • Inmediatamente después de dictarse la resolución.
    • Cuando transcurra el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o este sea resuelto confirmando el derecho.
  10. ¿Quiénes son los titulares del derecho de acceso a la información pública?

    • Solo los ciudadanos españoles mayores de edad.
    • Todas las personas.
    • Únicamente las personas que acrediten un interés legítimo.
    • Solo los representantes de medios de comunicación.
  11. ¿Qué persigue la ley al establecer consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de buen gobierno?

    • Garantizar la responsabilidad de los responsables públicos.
    • Sustituir el Código Penal en materia de corrupción.
    • Crear un nuevo cuerpo de inspectores de transparencia.
    • Anular automáticamente cualquier acto administrativo opaco.
  12. ¿Qué órgano de la Administración General del Estado tiene representación en la Comisión del Consejo de Transparencia?

    • La Abogacía General del Estado.
    • La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
    • La Secretaría de Estado de Presupuestos.
    • La Intervención General de la Administración del Estado.
  13. ¿Qué sujetos están obligados a suministrar información a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento?

    • Cualquier ciudadano que reciba una prestación social.
    • Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas.
    • Solo las personas jurídicas sin ánimo de lucro.
    • Únicamente los funcionarios de carrera.
  14. Según el artículo 14.1.c), ¿qué cargos del ámbito local español son considerados personas con responsabilidad pública?

    • Todos los alcaldes y concejales de cualquier municipio de España.
    • Los alcaldes de municipios de más de 10.000 habitantes.
    • Únicamente los alcaldes de las ciudades con más de 1.000.000 de habitantes.
    • Los alcaldes, concejales y altos cargos de capitales de provincia o municipios de más de 50.000 habitantes.
  15. ¿Qué ocurre si los hechos están tipificados como infracción en una norma administrativa especial que no sea la Ley General Presupuestaria?

    • Se suspenderán las actuaciones hasta la terminación del procedimiento especial.
    • Se anulará el procedimiento iniciado bajo la Ley de Transparencia.
    • Se tramitarán ambos procedimientos de forma simultánea.
    • Prevalecerá siempre la Ley de Transparencia.
  16. ¿Cómo se garantiza la independencia del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

    • Por ser nombrado directamente por el Rey sin refrendo.
    • Por ser un cargo vitalicio.
    • Por el respaldo parlamentario en su nombramiento.
    • Por tener rango de Ministro.
  17. ¿Cómo se regula el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013?

    • Como un derecho limitado a los interesados en un procedimiento.
    • Como una facultad discrecional de la Administración.
    • Como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo.
    • Como un derecho restringido a ciudadanos con nacionalidad española.
  18. ¿Qué órgano es el encargado de aprobar el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

    • El propio Presidente del Consejo de Transparencia.
    • El Consejo de Ministros.
    • Las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria.
    • El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  19. ¿Qué función tiene el Presidente respecto a la gestión económica del Consejo?

    • Auditar las cuentas de las Comunidades Autónomas.
    • Recaudar las tasas por acceso a la información.
    • Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
    • Autorizar todos los gastos superiores a 1 millón de euros.
  20. Cuando el Consejo desarrolle sus funciones públicas, ¿qué norma le es de aplicación en lo no dispuesto por la Ley de Transparencia?

    • La Ley de Enjuiciamiento Civil.
    • El Reglamento del Congreso de los Diputados.
    • La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
    • La Ley de Bases de Régimen Local.

Tests por títulos de la Ley 19/2013 de Transparencia

Tests de 10 preguntas sobre una sola parte de la ley. Cada intento saca preguntas distintas.

Puntos clave de la Ley 19/2013 de Transparencia

Plazos y efectos del silencio en el derecho de acceso

Resolución y notificación en plazo máximo de un mes, ampliable por otro mes en casos complejos. El silencio administrativo tiene efectos desestimatorios (negativo) según los artículos 20.1 y 20.4.

Ámbito subjetivo y extensión a entidades privadas

Aplica a las Administraciones Públicas y al resto del sector público; la Casa de Su Majestad el Rey y los órganos constitucionales, solo en sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (Artículo 2). El capítulo II (publicidad activa) se extiende además a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con subvenciones superiores a 100.000 euros anuales o con al menos el 40 % de sus ingresos de origen público (mínimo 5.000 euros) (Artículo 3).

Límites al acceso y protección de datos personales

El acceso se limita por seguridad o defensa (Art. 14). Los datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias requieren consentimiento expreso y por escrito, salvo que fuesen manifiestamente públicos; los de salud, vida sexual, origen racial, genéticos o biométricos, consentimiento expreso o una norma con rango de ley (Artículo 15.1).

Régimen sancionador y prescripción en Buen Gobierno

Infracciones muy graves implican destitución y veto para altos cargos de 5 a 10 años (Art. 30). Las infracciones muy graves prescriben a los 5 años y las sanciones al mismo plazo (Art. 32).

Leer el resumen completo de Ley 19/2013

Repasa con flashcards de la Ley 19/2013 de Transparencia

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1 de 6

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Esquema visual de la Ley 19/2013 de Transparencia

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Preguntas frecuentes

Regula la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública y las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos, con las consecuencias de su incumplimiento.

Sí, sigue vigente. Ha tenido modificaciones puntuales: la última con efecto en el articulado es la del artículo 8.1.a), por la Ley 14/2022, de 8 de julio (desde el 29 de julio de 2022). Su núcleo sobre publicidad activa y derecho de acceso se mantiene.

Tiene un Título Preliminar (objeto) y tres títulos: Transparencia (publicidad activa y derecho de acceso), Buen Gobierno (principios y sanciones) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Es el derecho de cualquier ciudadano a solicitar información en poder de la Administración sin necesidad de motivar la solicitud, salvo las limitaciones legales específicas por seguridad o privacidad.

Combina la lectura de la ley con la realización constante de test específicos sobre los plazos de resolución, las causas de inadmisión y los sujetos obligados.

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