Fundamentos del orden político y la paz social
El artículo 10 de la norma suprema establece el pórtico del Título I, definiendo la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley como los pilares fundamentales del ordenamiento. Es imperativo observar que las normas relativas a derechos fundamentales deben interpretarse necesariamente de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España sobre estas materias.
De los españoles y los extranjeros
El Capítulo Primero regula el estatuto de ciudadanía y la titularidad de los derechos. Debes distinguir con precisión entre la adquisición de la nacionalidad y la protección del nacional de origen:
- Nacionalidad: Se adquiere, conserva y pierde según la ley. Existe una prohibición absoluta: ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad (artículo 11.2).
- Mayoría de edad: Se establece de forma unánime a los 18 años (artículo 12).
- Extranjería: Los extranjeros gozan de libertades públicas según tratados y leyes. El artículo 13 limita el acceso a los derechos de participación política (artículo 23) exclusivamente a españoles, con la excepción del sufragio activo y pasivo en elecciones municipales bajo criterios de reciprocidad.
Derechos y libertades: el núcleo de la igualdad
El artículo 14 actúa como un derecho relacional y transversal: los españoles son iguales ante la ley, prohibiéndose cualquier discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.
Derechos fundamentales y libertades públicas
La Sección Primera del Capítulo Segundo contiene los derechos con el máximo nivel de protección. A continuación, se detallan los hitos más relevantes para el estudio jurídico:
- Derecho a la vida: (artículo 15). Prohibición de tortura y abolición de la pena de muerte, salvo lo dispuesto en leyes penales militares para tiempos de guerra.
- Libertad ideológica y religiosa: (artículo 16). Se garantiza la libertad de culto con el límite del orden público. España se define como un Estado no confesional (ninguna confesión tendrá carácter estatal).
- Libertad y seguridad: (artículo 17). Es vital recordar que la detención preventiva no puede superar las 72 horas. El detenido debe ser informado de sus derechos inmediatamente y tiene garantizada la asistencia de abogado.
- Derechos de privacidad: (artículo 18). Incluye el honor, la intimidad y la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio solo cede ante el consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito.
- Libertad de expresión e información: (artículo 20). Protege la difusión de ideas y la información veraz. Se prohíbe la censura previa. El secuestro de publicaciones solo es posible mediante .
- Derecho de reunión y asociación: (artículos 21 y 22). La reunión pacífica no requiere autorización previa, aunque en lugares de tránsito público debe darse comunicación previa. Las asociaciones deben inscribirse en un registro solo a efectos de publicidad.
Tutela judicial y garantías penales
El artículo 24 consagra la tutela judicial efectiva, el derecho al juez ordinario predeterminado por ley y la presunción de inocencia. Complementariamente, el artículo 25 establece el principio de legalidad penal: nadie puede ser condenado por actos que no fueran delito en el momento de cometerse (irretroactividad). Las penas privativas de libertad deben orientarse a la reeducación y reinserción social.
Derechos y deberes de los ciudadanos
La Sección Segunda contempla derechos de contenido más socio-económico y deberes constitucionales:
- Defensa de España: (artículo 30). Derecho y deber de los españoles. Se reconoce la objeción de conciencia.
- Sostenimiento de gastos públicos: (artículo 31). Sistema tributario basado en la capacidad económica, igualdad y progresividad, con prohibición expresa de alcance confiscatorio.
- Propiedad privada y herencia: (artículo 33). Su contenido está delimitado por su función social. La expropiación forzosa requiere causa justificada de utilidad pública e indemnización.
Principios rectores de la política social y económica
El Capítulo Tercero (artículos 39 al 52) no contiene derechos subjetivos de aplicación directa, sino mandatos dirigidos a los . Entre ellos destacan la protección de la familia, la salud, el acceso a la cultura, el medio ambiente, la vivienda digna y la protección de las personas con discapacidad y la tercera edad.
Garantías de las libertades y derechos fundamentales
El sistema de protección se gradúa según la ubicación del derecho:
- Nivel máximo: Artículos 14 a 29. Protegidos por: procedimiento preferente y sumario ante tribunales ordinarios y recurso de amparo ante el . El amparo es aplicable también a la objeción de conciencia del art. 30; el procedimiento preferente y sumario, no.
- Nivel medio: Todo el Capítulo Segundo (arts. 14 a 38). Vinculan a los poderes públicos y solo se regulan por ley (reserva de ley), respetando su contenido esencial.
- Nivel básico: Capítulo Tercero. Informan la práctica judicial y la actuación pública, pero requieren desarrollo legal previo para ser alegados.
Asimismo, el artículo 54 crea la figura del como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de estos derechos.
Suspensión de los derechos y libertades
El artículo 55 prevé dos formas de suspensión:
- Suspensión colectiva: En estados de excepción o sitio. Puede afectar a derechos como la libertad personal, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, libertad de residencia, expresión, huelga y conflicto colectivo.
- Suspensión individual: Mediante ley orgánica, para investigaciones relativas a bandas armadas o elementos terroristas. Afecta a la duración de la detención preventiva, inviolabilidad del domicilio y secreto de comunicaciones, siempre con control judicial y parlamentario.