Naturaleza y composición del intérprete supremo de la norma fundamental
El se configura como el órgano constitucional encargado de velar por la supremacía de la Constitución Española. A diferencia de los órganos del Poder Judicial ordinario, este tribunal posee una jurisdicción especializada y concentrada. Según establece el artículo 159.1, se compone de 12 miembros nombrados formalmente por el , siguiendo una distribución de propuestas que garantiza el equilibrio institucional.
- : propone a cuatro miembros por mayoría de tres quintos.
- : propone a cuatro miembros con idéntica mayoría de tres quintos.
- : propone directamente a dos miembros.
- : propone a dos miembros.
Requisitos de idoneidad y estatuto de sus miembros
Para acceder a la condición de magistrado del Tribunal Constitucional, el artículo 159.2 impone criterios de excelencia técnica. Debes observar que no basta con ser jurista; se requiere ser jurista de reconocida competencia perteneciente a colectivos específicos (Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados) y acreditar más de quince años de ejercicio profesional.
En cuanto a su independencia, los miembros gozan de inamovibilidad. El régimen de incompatibilidades es extremadamente estricto, prohibiendo cualquier mandato representativo, cargos políticos, funciones directivas en partidos o sindicatos, y el ejercicio de las carreras judicial o fiscal mientras dure su mandato. En esencia, se les aplica el régimen de incompatibilidades del poder judicial, extendido a cualquier actividad profesional o mercantil.
La presidencia del tribunal
El no es elegido directamente por las cámaras ni por el Gobierno. Según el artículo 160, es nombrado por el a propuesta del propio . Su mandato tiene una duración de tres años, lo que permite una rotación interna más frecuente que la renovación de los magistrados.
Ámbito de jurisdicción y competencias principales
El extiende su jurisdicción a todo el territorio español. El artículo 161 detalla sus funciones críticas, que puedes desglosar en cuatro grandes bloques:
- Recurso de inconstitucionalidad: contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Si una norma se declara inconstitucional, la jurisprudencia que la interpreta también se ve afectada, aunque las sentencias previas firmes mantienen el valor de cosa juzgada.
- Recurso de amparo: destinado a la protección de los derechos y libertades fundamentales (específicamente los referidos en el artículo 53.2).
- Conflictos de competencia: resuelve las disputas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o de estas entre sí.
- Impugnación por el Gobierno: el Gobierno central puede impugnar disposiciones o resoluciones de las CCAA. Esta impugnación produce la suspensión automática de la norma recurrida, pero el Tribunal debe ratificar o levantar dicha suspensión en un plazo máximo de cinco meses.
Legitimación para actuar ante el tribunal
No cualquier ciudadano puede interponer todos los recursos. El artículo 162 establece un sistema de legitimación tasado que debes distinguir con precisión:
Recurso de inconstitucionalidad: Solo pueden interponerlo el , el , 50 Diputados, 50 Senadores, y los órganos ejecutivos o asambleas de las .
Recurso de amparo: Puede interponerlo cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo, además del y el .
La cuestión de inconstitucionalidad
Regulada en el artículo 163, representa el puente entre la justicia ordinaria y la constitucional. Cuando un (Juez o Tribunal) detecta que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución, debe elevar la consulta al .
Eficacia y valor de las sentencias
El artículo 164 establece el régimen jurídico de las resoluciones del Tribunal. Las sentencias deben publicarse en el BOE e ir acompañadas de los votos particulares si los hubiere (opiniones discrepantes de los magistrados).
- Cosa juzgada: Tienen este valor desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.
- Efectos Erga Omnes: Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley y aquellas que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen efectos generales frente a todos.
- Vigencia parcial: Por principio de conservación de la norma, si el fallo no dice lo contrario, la ley seguirá vigente en todo aquello que no haya sido afectado por la declaración de inconstitucionalidad.