Naturaleza y posición jurídica de la figura del monarca
De acuerdo con el artículo 56 de la Constitución, debes comprender que el ostenta una posición única en el entramado institucional español. No es un poder ejecutivo, sino el Jefe del Estado, configurándose como un símbolo de su unidad y permanencia. Sus funciones primordiales son arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, además de asumir la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.
Es fundamental que retengas dos atributos jurídicos esenciales de su persona definidos en el apartado tercero de dicho artículo: la inviolabilidad y la ausencia de responsabilidad. Esto implica que el monarca no puede ser juzgado penalmente ni se le pueden exigir responsabilidades civiles. Para que sus actos tengan validez, deben estar sujetos al refrendo, trasladando la responsabilidad jurídica a la autoridad que firma el acto.
El orden de sucesión en la Corona
La Constitución Española establece en su artículo 57 un sistema de sucesión hereditario basado en la dinastía histórica de . El orden de prelación es estricto y sigue los principios de primogenitura y representación.
- Línea: La línea anterior (descendientes directos) siempre es preferida a las posteriores.
- Grado: En la misma línea, el grado más próximo (hijos) al más remoto (nietos).
- Sexo: En el mismo grado, el varón tiene preferencia sobre la mujer.
- Edad: En el mismo sexo, la persona de más edad sobre la de menos.
Debes prestar atención a las situaciones excepcionales que regula este artículo:
- El heredero posee la dignidad de Príncipe de Asturias desde su nacimiento o desde el hecho que origine el llamamiento.
- Si se extinguen todas las líneas llamadas en Derecho, las proveerán la sucesión de la forma que más convenga a España.
- Existe una prohibición expresa: quienes contraigan matrimonio contra la prohibición del Rey y de las Cortes quedarán excluidos de la sucesión para sí y sus descendientes.
- Cualquier duda de hecho o de derecho, así como abdicaciones y renuncias, deben resolverse mediante una Ley Orgánica.
La Regencia y la Tutela del Rey menor
Los artículos 59 y 60 regulan situaciones donde el Rey no puede ejercer sus funciones, ya sea por minoría de edad o por inhabilitación.
La Regencia se ejerce siempre por mandato constitucional y en nombre del Rey. Los supuestos son:
- Minoría de edad: Entrará a ejercerla el padre o la madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo en el orden de sucesión.
- Inhabilitación: Debe ser reconocida por las . Entrará a ejercerla el Príncipe heredero si es mayor de edad; si no, se sigue el orden anterior.
- Regencia electiva: Si no hay nadie a quien corresponda legalmente, las Cortes nombrarán una Regencia de una, tres o cinco personas.
Respecto a la Tutela del Rey menor, se prioriza el testamento del Rey difunto. Si no existe, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. Como última instancia, las Cortes realizarán el nombramiento. Existe una incompatibilidad absoluta: el ejercicio de la tutela es incompatible con todo cargo o representación política.
Funciones constitucionales del Rey
El artículo 62 enumera las competencias del monarca. Según la doctrina (el artículo no lo dice expresamente), estas funciones son actos debidos, es decir, el Rey no tiene margen de discrecionalidad política en su ejercicio:
- Sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, y convocar elecciones y referéndum.
- Proponer el candidato a , nombrarlo y poner fin a sus funciones. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.
- Expedir decretos del Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares, y conceder honores.
- El mando supremo de las y el ejercicio del derecho de gracia (con la prohibición de autorizar indultos generales).
En el plano internacional (artículo 63), el Rey acredita a embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y, previa autorización de las , declara la guerra y hace la paz.
El refrendo y la Casa Real
El refrendo es la técnica jurídica que valida los actos del Rey. Según el artículo 64, la responsabilidad recae en quien refrenda. Podrás observar que existen diferentes autoridades competentes para ello:
- El (regla general).
- Los competentes por razón de la materia.
- El en casos específicos: la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución de las Cortes prevista en el artículo 99.