Subordinación de la riqueza e iniciativa pública
El modelo económico diseñado por la Constitución Española establece una "Constitución Económica" donde el mercado convive con una fuerte capacidad de intervención estatal. Según el artículo 128, debes entender que toda la riqueza del país, con independencia de si su titularidad es pública o privada, se encuentra supeditada al interés general. Este principio legitima la actuación del Estado en la economía no solo como regulador, sino como actor directo.
Podrás observar que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, permitiendo que mediante ley se reserven al sector público recursos o servicios esenciales. Esta reserva es especialmente relevante en situaciones de monopolio. Además, el texto constitucional faculta al Estado para acordar la intervención de empresas privadas cuando el interés general así lo exija, lo que supone un límite claro al derecho de propiedad y a la libertad de empresa.
Modernización sectorial y planificación económica
El artículo 130 impone a los poderes públicos el deber de atender a la modernización y desarrollo de sectores estratégicos como la agricultura, ganadería, pesca y artesanía. El objetivo final es la equiparación del nivel de vida de todos los ciudadanos españoles. Debes prestar especial atención al mandato de dispensar un tratamiento especial a las zonas de montaña, dada su vulnerabilidad geográfica y económica.
Respecto a la dirección de la economía, el artículo 131 otorga al la potestad de planificar la actividad económica general mediante ley. Esta planificación busca:
- Atender a las necesidades colectivas.
- Equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial.
- Estimular el crecimiento de la renta y la riqueza.
- Asegurar una distribución más justa de los recursos.
En este proceso, el es el encargado de elaborar los proyectos de planificación, pero no lo hace de forma aislada: debe considerar las previsiones de las y contar con el asesoramiento de sindicatos y organizaciones empresariales a través de un Consejo cuya regulación se remite a una ley posterior.
Régimen jurídico de los bienes públicos
El artículo 132 es fundamental para comprender la protección del patrimonio colectivo. La ley debe regular los bienes de dominio público y los comunales basándose en tres principios protectores innegociables:
- Inalienabilidad: No pueden ser vendidos ni enajenados.
- Imprescriptibilidad: El paso del tiempo no otorga la propiedad a terceros.
- Inembargabilidad: No pueden ser objeto de embargo judicial.
La Constitución determina por sí misma que son bienes de dominio público estatal: la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Cualquier otro bien deberá ser calificado como tal por una ley específica.
La potestad tributaria y el gasto público
El artículo 133 distribuye la capacidad para establecer tributos. Debes distinguir entre la potestad originaria, que corresponde exclusivamente al mediante ley, y la potestad de las , que pueden establecer tributos siempre de acuerdo con la Constitución y las leyes estatales.
Es importante destacar que cualquier beneficio fiscal que afecte a tributos estatales debe estar amparado por una ley. Asimismo, se establece el principio de legalidad presupuestaria: las Administraciones Públicas solo pueden contraer obligaciones financieras y realizar gastos si estos se ajustan a lo dispuesto en las leyes.
Los Presupuestos Generales del Estado
El artículo 134 regula el ciclo presupuestario, definiendo claramente las competencias de cada órgano:
- Al le corresponde la elaboración.
- A las les corresponde el examen, enmienda y aprobación.
Los Presupuestos tienen carácter anual y deben ser presentados ante el al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior (normalmente antes del 1 de octubre). Si no se aprueban antes del primer día del ejercicio económico, se produce la prórroga automática de los presupuestos anteriores.
Estabilidad presupuestaria y deuda pública
El artículo 135, reformado en 2011, es el pilar de la política fiscal actual. Introduce el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas. El Estado y las CCAA no pueden incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes de la , mientras que las Entidades Locales deben presentar equilibrio presupuestario.
Sobre la Deuda Pública, estos son los puntos clave:
- Se requiere autorización por ley para emitir deuda o contraer crédito.
- El pago de los intereses y el capital goza de prioridad absoluta sobre cualquier otro gasto.
- Los límites de déficit y deuda solo pueden superarse por catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria, previa autorización por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
El Tribunal de Cuentas
Finalmente, el artículo 136 define al como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público. Aunque es un órgano técnico, depende directamente de las y actúa por delegación de estas.
Sus miembros disfrutan de un estatus de protección similar al de los jueces: independencia e inamovilidad. Su función principal culmina con la remisión a las Cortes de un informe anual donde se detallan las infracciones o responsabilidades detectadas. Su organización y funciones están reservadas a una Ley Orgánica.