Test del Título VII de la Constitución Española

Economía y Hacienda

  • 35 preguntas de esta parte
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con el test del Título VII

Título VII

Economía y Hacienda

10 preguntas al azar de las 35 de esta parte, con la explicación de cada respuesta. Cada intento saca preguntas distintas.

Preguntas de ejemplo del Título VII

  1. ¿Qué rango normativo debe tener la ley que fije el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas?

    • Ley Ordinaria.
    • Real Decreto-Ley.
    • Ley de Presupuestos Generales del Estado.
    • Ley Orgánica.

    Respuesta correcta: Ley Orgánica. El artículo 135.2 de la Constitución establece que una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto.

  2. ¿Qué principio rige la duración de los Presupuestos Generales del Estado?

    • Trimestral.
    • Anual.
    • Indefinido hasta que se aprueben unos nuevos.
    • Bianual.

    Respuesta correcta: Anual. El artículo 134.2 establece explícitamente que los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual.

  3. Respecto a la potestad tributaria de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

    • La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, pero puede modificarlos siempre.
    • La Ley de Presupuestos puede crear y modificar tributos libremente.
    • La Ley de Presupuestos puede crear tributos de carácter temporal y extraordinario.
    • La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, y solo puede modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé.

    Respuesta correcta: La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, y solo puede modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé. De acuerdo con el artículo 134.7 de la Constitución, la Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

  4. Según el artículo 128.1, ¿a qué está subordinada toda la riqueza del país?

    • Al libre mercado.
    • Al interés general.
    • A las directrices de la Unión Europea.
    • A la propiedad privada exclusivamente.

    Respuesta correcta: Al interés general. El artículo 128.1 establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

  5. En el contexto del Tribunal de Cuentas, ¿qué relación tiene su jurisdicción con la remisión del informe a las Cortes?

    • Su jurisdicción depende de la aprobación previa del informe por las Cortes.
    • La remisión del informe se hará sin perjuicio de su propia jurisdicción.
    • El informe anual es el único ejercicio de su jurisdicción.
    • La remisión del informe sustituye a su función jurisdiccional.

    Respuesta correcta: La remisión del informe se hará sin perjuicio de su propia jurisdicción. El artículo 136.2 indica que el Tribunal de Cuentas remitirá el informe 'sin perjuicio de su propia jurisdicción'.

Resumen del Título VII

Significado de los colores

Plazos, fechas y números Órganos, autoridades y competencias Prohibiciones o excepciones Derechos o principios Definiciones clave y conceptos Citas a artículos o leyes

Subordinación de la riqueza e iniciativa pública

El modelo económico diseñado por la Constitución Española establece una "Constitución Económica" donde el mercado convive con una fuerte capacidad de intervención estatal. Según el artículo 128, debes entender que toda la riqueza del país, con independencia de si su titularidad es pública o privada, se encuentra supeditada al interés general. Este principio legitima la actuación del Estado en la economía no solo como regulador, sino como actor directo.

Podrás observar que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, permitiendo que mediante ley se reserven al sector público recursos o servicios esenciales. Esta reserva es especialmente relevante en situaciones de monopolio. Además, el texto constitucional faculta al Estado para acordar la intervención de empresas privadas cuando el interés general así lo exija, lo que supone un límite claro al derecho de propiedad y a la libertad de empresa.

El artículo 129 refuerza la vertiente social de la economía al obligar a los poderes públicos a promover la participación en la empresa y fomentar las sociedades cooperativas, facilitando el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Modernización sectorial y planificación económica

El artículo 130 impone a los poderes públicos el deber de atender a la modernización y desarrollo de sectores estratégicos como la agricultura, ganadería, pesca y artesanía. El objetivo final es la equiparación del nivel de vida de todos los ciudadanos españoles. Debes prestar especial atención al mandato de dispensar un tratamiento especial a las zonas de montaña, dada su vulnerabilidad geográfica y económica.

Respecto a la dirección de la economía, el artículo 131 otorga al Estado la potestad de planificar la actividad económica general mediante ley. Esta planificación busca:

  • Atender a las necesidades colectivas.
  • Equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial.
  • Estimular el crecimiento de la renta y la riqueza.
  • Asegurar una distribución más justa de los recursos.

En este proceso, el Gobierno es el encargado de elaborar los proyectos de planificación, pero no lo hace de forma aislada: debe considerar las previsiones de las Comunidades Autónomas y contar con el asesoramiento de sindicatos y organizaciones empresariales a través de un Consejo cuya regulación se remite a una ley posterior.

Régimen jurídico de los bienes públicos

El artículo 132 es fundamental para comprender la protección del patrimonio colectivo. La ley debe regular los bienes de dominio público y los comunales basándose en tres principios protectores innegociables:

Principios de los bienes de dominio público
  • Inalienabilidad: No pueden ser vendidos ni enajenados.
  • Imprescriptibilidad: El paso del tiempo no otorga la propiedad a terceros.
  • Inembargabilidad: No pueden ser objeto de embargo judicial.

La Constitución determina por sí misma que son bienes de dominio público estatal: la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Cualquier otro bien deberá ser calificado como tal por una ley específica.

La potestad tributaria y el gasto público

El artículo 133 distribuye la capacidad para establecer tributos. Debes distinguir entre la potestad originaria, que corresponde exclusivamente al Estado mediante ley, y la potestad de las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, que pueden establecer tributos siempre de acuerdo con la Constitución y las leyes estatales.

Es importante destacar que cualquier beneficio fiscal que afecte a tributos estatales debe estar amparado por una ley. Asimismo, se establece el principio de legalidad presupuestaria: las Administraciones Públicas solo pueden contraer obligaciones financieras y realizar gastos si estos se ajustan a lo dispuesto en las leyes.

Los Presupuestos Generales del Estado

El artículo 134 regula el ciclo presupuestario, definiendo claramente las competencias de cada órgano:

  • Al Gobierno le corresponde la elaboración.
  • A las Cortes Generales les corresponde el examen, enmienda y aprobación.

Los Presupuestos tienen carácter anual y deben ser presentados ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior (normalmente antes del 1 de octubre). Si no se aprueban antes del primer día del ejercicio económico, se produce la prórroga automática de los presupuestos anteriores.

Ten en cuenta que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Solo podrá modificarlos si una ley tributaria sustantiva ya lo prevé expresamente. Además, cualquier enmienda que suponga aumento de gasto o disminución de ingresos requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación.

Estabilidad presupuestaria y deuda pública

El artículo 135, reformado en 2011, es el pilar de la política fiscal actual. Introduce el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas. El Estado y las CCAA no pueden incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes de la Unión Europea, mientras que las Entidades Locales deben presentar equilibrio presupuestario.

Sobre la Deuda Pública, estos son los puntos clave:

  • Se requiere autorización por ley para emitir deuda o contraer crédito.
  • El pago de los intereses y el capital goza de prioridad absoluta sobre cualquier otro gasto.
  • Los límites de déficit y deuda solo pueden superarse por catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria, previa autorización por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Una Ley Orgánica es la encargada de fijar el déficit estructural máximo y distribuir los límites de deuda entre las distintas Administraciones, así como de regular la responsabilidad en caso de incumplimiento.

El Tribunal de Cuentas

Finalmente, el artículo 136 define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público. Aunque es un órgano técnico, depende directamente de las Cortes Generales y actúa por delegación de estas.

Sus miembros disfrutan de un estatus de protección similar al de los jueces: independencia e inamovilidad. Su función principal culmina con la remisión a las Cortes de un informe anual donde se detallan las infracciones o responsabilidades detectadas. Su organización y funciones están reservadas a una Ley Orgánica.

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