Régimen de especialidades por razón de la materia
La disposición adicional primera establece el principio de especialidad normativa. Debes comprender que, aunque la Ley 39/2015 es la norma común, existen sectores del ordenamiento con procedimientos tan específicos que requieren una regulación propia. El legislador determina que los procedimientos regulados en leyes especiales que exijan trámites distintos o adicionales se regirán por dichas leyes.
- Materia tributaria y aduanera: Aplicación de tributos, gestión, inspección, recaudación y revisión.
- Seguridad Social y Desempleo: Gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión.
- Procedimientos sancionadores: Específicamente en el orden social, tráfico y seguridad vial, extranjería y tributos.
- Extranjería y asilo: Actuaciones y procedimientos específicos para ciudadanos extranjeros.
Adhesión a plataformas y registros electrónicos de la Administración General del Estado
La disposición adicional segunda fomenta la interoperabilidad y la eficiencia administrativa. Las y tienen la potestad de adherirse voluntariamente a las infraestructuras tecnológicas de la , tales como el registro electrónico de apoderamientos, el archivo electrónico único o el punto de acceso general.
Podrás observar que la libertad de no adhesión está condicionada. Si una administración decide no integrarse, debe justificarlo en términos de eficiencia económica, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria. En caso de mantener sistemas propios, estos deben ser estrictamente compatibles con:
- El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).
- El Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- Las normas técnicas de desarrollo que garanticen la interconexión telemática.
Notificación por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
La disposición adicional tercera regula el denominado "Tablón Edictal Único". El pone a disposición de todas las administraciones un sistema automatizado para gestionar las notificaciones previstas en el artículo 44 (notificaciones infructuosas o destinatarios desconocidos).
Oficinas de asistencia en materia de registros
Para garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración, la disposición adicional cuarta impone una obligación de transparencia geográfica. Las administraciones deben mantener un directorio geográfico actualizado en sus sedes electrónicas. Este directorio debe permitir al interesado localizar de forma sencilla la oficina de asistencia más cercana a su domicilio.
Actuación administrativa de los órganos constitucionales y legislativos
La disposición adicional quinta delimita el ámbito de aplicación de la ley respecto a órganos que no forman parte estrictamente del Poder Ejecutivo. La actividad puramente administrativa de instituciones como el , el , el , el o el se rige primordialmente por su normativa específica.
No obstante, dicha normativa debe aplicarse siempre en el marco de los principios que inspiran la Ley 39/2015, asegurando que, aunque tengan autonomía organizativa, los derechos de los ciudadanos y las garantías del procedimiento se mantengan equivalentes.
Limitaciones a los sistemas de identificación y firma electrónica
La disposición adicional sexta introduce una restricción tecnológica importante ante el avance de las finanzas descentralizadas y las bases de datos compartidas. Actualmente, no son admisibles los sistemas de identificación o firma basados en tecnologías de registro distribuido (como el blockchain) para las relaciones administrativas.
Incluso cuando se regule en el futuro, la deberá actuar siempre como autoridad intermedia para garantizar la seguridad pública en el uso de estas tecnologías de registro distribuido.
Informe sobre las resoluciones denegatorias de identificación y firma
La disposición adicional séptima obliga a la a informar a la de las resoluciones denegatorias de la autorización prevista en los artículos 9.2.c) y 10.2.c), en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la resolución.
Resoluciones de la Secretaría General de Administración Digital sobre firma no criptográfica
La disposición adicional octava se refiere a las resoluciones de la Secretaría General de Administración Digital que determinan cuándo un sistema de firma electrónica no basado en certificados electrónicos es válido en las relaciones de los interesados con la AGE y sus organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes. En ese caso no es preciso el transcurso del plazo de dos meses del artículo 10.2.c): el sistema adquiere eficacia jurídica al día siguiente de la publicación de la resolución, salvo que esta disponga otra cosa.
Suspensión de plazos en zonas afectadas por emergencias de protección civil
La disposición adicional novena, añadida por el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, permite que el que declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (artículo 23 de la Ley 17/2015) establezca la suspensión de los plazos para cumplir los trámites de los procedimientos administrativos del sector público. Afecta a los interesados residentes en los términos municipales incluidos en el acuerdo y, en su caso, a otros que acrediten el carácter imposible o gravoso del cumplimiento por los efectos de la emergencia.
La suspensión se mantiene hasta que un nuevo acuerdo de Consejo de Ministros decrete la finalización de la medida; entonces se reanudan los plazos suspendidos.