Test de las disposiciones adicionales de la Ley 39/2015

  • 25 preguntas de esta parte
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con el test de las disposiciones adicionales

Disposiciones adicionales

Ley 39/2015 (LPACAP)

10 preguntas al azar de las 25 de esta parte, con la explicación de cada respuesta. Cada intento saca preguntas distintas.

Preguntas de ejemplo de las disposiciones adicionales

  1. ¿Cuál es el objetivo primordial del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros?

    • Publicar los nombres de los funcionarios que trabajan en ellas.
    • Listar los servicios de cita previa obligatoria.
    • Establecer el horario de apertura de cada oficina.
    • Permitir al interesado identificar la oficina más próxima a su domicilio.

    Respuesta correcta: Permitir al interesado identificar la oficina más próxima a su domicilio. Según la Disposición adicional cuarta, el objetivo es permitir al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.

  2. ¿Cómo debe realizarse la adhesión de las Comunidades Autónomas a las plataformas y registros de la Administración General del Estado según la Disposición adicional segunda?

    • De forma voluntaria y a través de medios electrónicos.
    • Mediante convenio presencial firmado ante notario.
    • Es obligatoria por mandato legal directo.
    • Solo si no disponen de medios económicos propios.

    Respuesta correcta: De forma voluntaria y a través de medios electrónicos. La Disposición adicional segunda establece que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos.

  3. ¿Qué prohibición absoluta establece la Disposición adicional sexta respecto a los sistemas de identificación y firma?

    • Los sistemas basados en certificados electrónicos simples.
    • Los sistemas basados en tecnologías de registro distribuido.
    • Los sistemas de clave concertada de nivel bajo.
    • Los sistemas de firma biométrica presencial.

    Respuesta correcta: Los sistemas basados en tecnologías de registro distribuido. La Disposición adicional sexta prohíbe los sistemas de identificación y firma basados en tecnologías de registro distribuido (como blockchain) en tanto no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la UE.

  4. Según la Disposición adicional cuarta, ¿dónde deben las Administraciones mantener actualizado el directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros?

    • En la correspondiente sede electrónica.
    • En el Boletín Oficial del Estado anualmente.
    • En el tablón de anuncios físico de la oficina principal.
    • En el Portal de Transparencia únicamente.

    Respuesta correcta: En la correspondiente sede electrónica. La ley establece que deberán mantenerlo permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica.

  5. En procedimientos con normativa específica, si concurren los supuestos para la notificación por anuncio, ¿dónde debe realizarse esta en todo caso?

    • En el tablón de edictos del Ayuntamiento.
    • En el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.
    • Únicamente en la sede electrónica de la Administración actuante.
    • En el «Boletín Oficial del Estado».

    Respuesta correcta: En el «Boletín Oficial del Estado». La Disposición adicional tercera, punto 2, establece que la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Resumen de las disposiciones adicionales

Significado de los colores

Plazos, fechas y números Órganos, autoridades y competencias Prohibiciones o excepciones Derechos o principios Definiciones clave y conceptos Citas a artículos o leyes

Régimen de especialidades por razón de la materia

La disposición adicional primera establece el principio de especialidad normativa. Debes comprender que, aunque la Ley 39/2015 es la norma común, existen sectores del ordenamiento con procedimientos tan específicos que requieren una regulación propia. El legislador determina que los procedimientos regulados en leyes especiales que exijan trámites distintos o adicionales se regirán por dichas leyes.

Ámbitos con normativa específica y aplicación supletoria
  • Materia tributaria y aduanera: Aplicación de tributos, gestión, inspección, recaudación y revisión.
  • Seguridad Social y Desempleo: Gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión.
  • Procedimientos sancionadores: Específicamente en el orden social, tráfico y seguridad vial, extranjería y tributos.
  • Extranjería y asilo: Actuaciones y procedimientos específicos para ciudadanos extranjeros.
Para estos ámbitos, la Ley 39/2015 actúa únicamente como derecho supletorio, interviniendo solo en aquello que no esté previsto en su normativa sectorial específica.

Adhesión a plataformas y registros electrónicos de la Administración General del Estado

La disposición adicional segunda fomenta la interoperabilidad y la eficiencia administrativa. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tienen la potestad de adherirse voluntariamente a las infraestructuras tecnológicas de la Administración General del Estado (AGE), tales como el registro electrónico de apoderamientos, el archivo electrónico único o el punto de acceso general.

Podrás observar que la libertad de no adhesión está condicionada. Si una administración decide no integrarse, debe justificarlo en términos de eficiencia económica, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria. En caso de mantener sistemas propios, estos deben ser estrictamente compatibles con:

  • El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).
  • El Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
  • Las normas técnicas de desarrollo que garanticen la interconexión telemática.

Notificación por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado

La disposición adicional tercera regula el denominado "Tablón Edictal Único". El Boletín Oficial del Estado (BOE) pone a disposición de todas las administraciones un sistema automatizado para gestionar las notificaciones previstas en el artículo 44 (notificaciones infructuosas o destinatarios desconocidos).

Es fundamental recordar que la publicación en el BOE es obligatoria incluso si la normativa específica del procedimiento prevé otros medios. Además, esta publicación se realiza sin contraprestación económica alguna para la administración remitente.

Oficinas de asistencia en materia de registros

Para garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración, la disposición adicional cuarta impone una obligación de transparencia geográfica. Las administraciones deben mantener un directorio geográfico actualizado en sus sedes electrónicas. Este directorio debe permitir al interesado localizar de forma sencilla la oficina de asistencia más cercana a su domicilio.

Actuación administrativa de los órganos constitucionales y legislativos

La disposición adicional quinta delimita el ámbito de aplicación de la ley respecto a órganos que no forman parte estrictamente del Poder Ejecutivo. La actividad puramente administrativa de instituciones como el Congreso, el Senado, el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo se rige primordialmente por su normativa específica.

No obstante, dicha normativa debe aplicarse siempre en el marco de los principios que inspiran la Ley 39/2015, asegurando que, aunque tengan autonomía organizativa, los derechos de los ciudadanos y las garantías del procedimiento se mantengan equivalentes.

Limitaciones a los sistemas de identificación y firma electrónica

La disposición adicional sexta introduce una restricción tecnológica importante ante el avance de las finanzas descentralizadas y las bases de datos compartidas. Actualmente, no son admisibles los sistemas de identificación o firma basados en tecnologías de registro distribuido (como el blockchain) para las relaciones administrativas.

Esta prohibición se mantiene vigente en tanto no exista una regulación específica estatal dentro del marco del Derecho de la Unión Europea.

Incluso cuando se regule en el futuro, la Administración General del Estado deberá actuar siempre como autoridad intermedia para garantizar la seguridad pública en el uso de estas tecnologías de registro distribuido.

Informe sobre las resoluciones denegatorias de identificación y firma

La disposición adicional séptima obliga a la Secretaría General de Administración Digital a informar a la Conferencia Sectorial para asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la autorización prevista en los artículos 9.2.c) y 10.2.c), en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la resolución.

Resoluciones de la Secretaría General de Administración Digital sobre firma no criptográfica

La disposición adicional octava se refiere a las resoluciones de la Secretaría General de Administración Digital que determinan cuándo un sistema de firma electrónica no basado en certificados electrónicos es válido en las relaciones de los interesados con la AGE y sus organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes. En ese caso no es preciso el transcurso del plazo de dos meses del artículo 10.2.c): el sistema adquiere eficacia jurídica al día siguiente de la publicación de la resolución, salvo que esta disponga otra cosa.

Suspensión de plazos en zonas afectadas por emergencias de protección civil

La disposición adicional novena, añadida por el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, permite que el acuerdo de Consejo de Ministros que declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (artículo 23 de la Ley 17/2015) establezca la suspensión de los plazos para cumplir los trámites de los procedimientos administrativos del sector público. Afecta a los interesados residentes en los términos municipales incluidos en el acuerdo y, en su caso, a otros que acrediten el carácter imposible o gravoso del cumplimiento por los efectos de la emergencia.

La suspensión se mantiene hasta que un nuevo acuerdo de Consejo de Ministros decrete la finalización de la medida; entonces se reanudan los plazos suspendidos.

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