Producción, contenido y motivación de los actos
El acto administrativo constituye la manifestación externa de la actividad administrativa. Según el artículo 34, estos actos deben ser dictados por el , siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Su contenido ha de ser determinado, posible y adecuado a los fines que persigue el ordenamiento jurídico.
Uno de los pilares de la seguridad jurídica es la motivación. El artículo 35 establece que la Administración no puede actuar de forma arbitraria; por ello, debe justificar con una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho determinados actos, entre los que destacan:
- Actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- Resoluciones de recursos administrativos y procedimientos de revisión de oficio.
- Actos que se aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
- Acuerdos de suspensión de actos y adopción de medidas provisionales.
- Propuestas de resolución en procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial.
- Actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales.
Forma de los actos administrativos
La regla general, dictada por el artículo 36, es que los actos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. No obstante, existen particularidades importantes:
- Actos verbales: Cuando el órgano ejerza su competencia de forma oral, la constancia escrita la efectuará el funcionario que la reciba, indicando la autoridad de procedencia. Si son resoluciones, el titular de la competencia debe autorizar una relación de las dictadas verbalmente.
- Actos en serie: Cuando se trate de una pluralidad de actos de la misma naturaleza (nombramientos, licencias), se pueden refundir en un único acto, siempre que se individualicen los efectos para cada interesado.
Eficacia e inderogabilidad singular
El artículo 37 consagra el principio de inderogabilidad singular: una resolución administrativa de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general (reglamento), incluso si la resolución proviene de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la norma general.
La retroactividad es excepcional. Solo podrá otorgarse eficacia retroactiva cuando el acto se dicte en sustitución de actos anulados, o cuando produzca efectos favorables al interesado, siempre que existieran ya los supuestos de hecho en la fecha de retroacción y no se lesionen derechos de terceros.
Régimen jurídico de las notificaciones
La notificación es la condición sine qua non para la eficacia de los actos que afecten a derechos e intereses. El artículo 40 impone que toda notificación sea cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Los requisitos esenciales de una notificación para que sea válida son:
- Texto íntegro de la resolución.
- Indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- Expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que presentarlos y plazo para interponerlos.
Práctica de la notificación en papel y electrónica
El artículo 41 establece la preferencia por los medios electrónicos. No obstante, se podrá notificar en papel cuando el interesado comparezca espontáneamente en la oficina de registro o cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la actuación mediante entrega directa de un empleado público.
En la notificación en papel (artículo 42), si el interesado no está presente, puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que esté en el domicilio. Si nadie se hace cargo, se debe repetir el intento una sola vez en hora distinta dentro de los tres días siguientes:
- Si el primer intento fue antes de las 15:00 horas, el segundo debe ser después de las 15:00 horas (y viceversa).
- Debe existir un margen de diferencia de al menos tres horas entre ambos intentos.
En la notificación electrónica (artículo 43), esta se entiende practicada al acceder al contenido. Si es obligatoria o fue elegida por el interesado, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda al contenido.
Notificación infructuosa y publicación
Cuando el interesado sea desconocido, se ignore el lugar de notificación o tras los intentos legales no se haya podido practicar, el artículo 44 obliga a la publicación en el . Esta publicación en el BOE es el requisito de validez, siendo cualquier otra publicación (tablones de edictos, boletines autonómicos) meramente facultativa o complementaria.
La publicación sustituirá a la notificación individual (artículo 45) cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas y en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
Nulidad y anulabilidad de los actos
El sistema de invalidez administrativa se divide en dos categorías según la gravedad del vicio:
- Lesionen derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional.
- Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio.
- Tengan contenido imposible o sean constitutivos de infracción penal (o se dicten como consecuencia de ésta).
- Prescindan total y absolutamente del procedimiento legal establecido o de las normas esenciales de formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieran derechos sin requisitos esenciales.
- Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
La anulabilidad (artículo 48) es la regla general para cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de poder. Es importante destacar que:
- El defecto de forma solo anula el acto si carece de requisitos indispensables para alcanzar su fin o produce indefensión.
- Las actuaciones fuera de tiempo solo implican anulabilidad si la naturaleza del término es esencial.
Finalmente, el artículo 49 establece la limitación de efectos: la nulidad de un acto no implica la de los sucesivos que sean independientes del primero, ni la nulidad parcial de un acto invalida las partes independientes del mismo, salvo que la parte viciada sea esencial para la existencia del acto.