Test del Título III de la Ley 39/2015

De los actos administrativos

  • 78 preguntas de esta parte
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con el test del Título III

Título III

De los actos administrativos

10 preguntas al azar de las 78 de esta parte, con la explicación de cada respuesta. Cada intento saca preguntas distintas.

Preguntas de ejemplo del Título III

  1. Cuando intentada la notificación, esta no se hubiese podido practicar por ignorarse el lugar de la misma, ¿dónde debe publicarse obligatoriamente el anuncio?

    • En la sede electrónica de la Administración actuante exclusivamente.
    • En el «Boletín Oficial del Estado».
    • En el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio.
    • En el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

    Respuesta correcta: En el «Boletín Oficial del Estado». El artículo 44 establece que en estos casos la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

  2. En caso de declaración de nulidad de actuaciones, ¿qué actos y trámites deben conservarse?

    • Únicamente los actos de trámite que no sean cualificados.
    • Todos los actos anteriores al vicio de nulidad, sin excepción.
    • Aquellos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
    • Ninguno, la nulidad de un acto implica la de todos los sucesivos.

    Respuesta correcta: Aquellos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. El artículo 51 establece que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

  3. ¿Qué tipo de actos relativos a la tramitación del procedimiento deben ser motivados expresamente según el artículo 35.1.e)?

    • La apertura del periodo de prueba y la designación de instructor.
    • La aplicación de la tramitación de urgencia, ampliación de plazos y actuaciones complementarias.
    • Cualquier modificación de los plazos, sea reducción o ampliación.
    • Únicamente la ampliación de plazos.

    Respuesta correcta: La aplicación de la tramitación de urgencia, ampliación de plazos y actuaciones complementarias. El artículo 35.1.e) especifica que deben motivarse los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

  4. Si se dicta un acto administrativo prescindiendo 'total y absolutamente' del procedimiento legalmente establecido, el acto es:

    • Válido si el contenido es ajustado a derecho.
    • Anulable, si no causa indefensión.
    • Convalidable mediante la subsanación del trámite omitido.
    • Nulo de pleno derecho.

    Respuesta correcta: Nulo de pleno derecho. El artículo 47.1.e) califica como nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

  5. Como regla general, ¿desde qué momento produce efectos el acto de convalidación?

    • Desde su fecha.
    • Desde que el interesado preste su consentimiento expreso.
    • Desde la fecha en que se dictó el acto viciado.
    • Transcurridos quince días desde su notificación.

    Respuesta correcta: Desde su fecha. De acuerdo con el artículo 52.2, el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, sin perjuicio de lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos.

Resumen del Título III

Significado de los colores

Plazos, fechas y números Órganos, autoridades y competencias Prohibiciones o excepciones Derechos o principios Definiciones clave y conceptos Citas a artículos o leyes

Producción, contenido y motivación de los actos

El acto administrativo constituye la manifestación externa de la actividad administrativa. Según el artículo 34, estos actos deben ser dictados por el órgano competente, siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Su contenido ha de ser determinado, posible y adecuado a los fines que persigue el ordenamiento jurídico.

Uno de los pilares de la seguridad jurídica es la motivación. El artículo 35 establece que la Administración no puede actuar de forma arbitraria; por ello, debe justificar con una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho determinados actos, entre los que destacan:

  • Actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
  • Resoluciones de recursos administrativos y procedimientos de revisión de oficio.
  • Actos que se aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
  • Acuerdos de suspensión de actos y adopción de medidas provisionales.
  • Propuestas de resolución en procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial.
  • Actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales.
Debes observar que la motivación en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva se rige por sus normas específicas, pero siempre debe quedar constancia en el expediente de los fundamentos de la decisión.

Forma de los actos administrativos

La regla general, dictada por el artículo 36, es que los actos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. No obstante, existen particularidades importantes:

  • Actos verbales: Cuando el órgano ejerza su competencia de forma oral, la constancia escrita la efectuará el funcionario que la reciba, indicando la autoridad de procedencia. Si son resoluciones, el titular de la competencia debe autorizar una relación de las dictadas verbalmente.
  • Actos en serie: Cuando se trate de una pluralidad de actos de la misma naturaleza (nombramientos, licencias), se pueden refundir en un único acto, siempre que se individualicen los efectos para cada interesado.

Eficacia e inderogabilidad singular

El artículo 37 consagra el principio de inderogabilidad singular: una resolución administrativa de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general (reglamento), incluso si la resolución proviene de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la norma general.

Presunción de validez y eficacia
Los actos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten (artículo 39). Sin embargo, la eficacia puede demorarse si lo exige el contenido del acto o si está supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

La retroactividad es excepcional. Solo podrá otorgarse eficacia retroactiva cuando el acto se dicte en sustitución de actos anulados, o cuando produzca efectos favorables al interesado, siempre que existieran ya los supuestos de hecho en la fecha de retroacción y no se lesionen derechos de terceros.

Régimen jurídico de las notificaciones

La notificación es la condición sine qua non para la eficacia de los actos que afecten a derechos e intereses. El artículo 40 impone que toda notificación sea cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Los requisitos esenciales de una notificación para que sea válida son:

  • Texto íntegro de la resolución.
  • Indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
  • Expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que presentarlos y plazo para interponerlos.
Si una notificación contiene el texto íntegro pero omite otros requisitos, solo surtirá efecto cuando el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido o interponga el recurso procedente. Sin embargo, para entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo del procedimiento, basta con el intento de notificación debidamente acreditado que contenga el texto íntegro.

Práctica de la notificación en papel y electrónica

El artículo 41 establece la preferencia por los medios electrónicos. No obstante, se podrá notificar en papel cuando el interesado comparezca espontáneamente en la oficina de registro o cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la actuación mediante entrega directa de un empleado público.

En la notificación en papel (artículo 42), si el interesado no está presente, puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que esté en el domicilio. Si nadie se hace cargo, se debe repetir el intento una sola vez en hora distinta dentro de los tres días siguientes:

  • Si el primer intento fue antes de las 15:00 horas, el segundo debe ser después de las 15:00 horas (y viceversa).
  • Debe existir un margen de diferencia de al menos tres horas entre ambos intentos.

En la notificación electrónica (artículo 43), esta se entiende practicada al acceder al contenido. Si es obligatoria o fue elegida por el interesado, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda al contenido.

Existen supuestos donde la notificación electrónica está prohibida: cuando el acto incluya elementos no convertibles a formato electrónico o cuando contenga medios de pago (como cheques).

Notificación infructuosa y publicación

Cuando el interesado sea desconocido, se ignore el lugar de notificación o tras los intentos legales no se haya podido practicar, el artículo 44 obliga a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta publicación en el BOE es el requisito de validez, siendo cualquier otra publicación (tablones de edictos, boletines autonómicos) meramente facultativa o complementaria.

La publicación sustituirá a la notificación individual (artículo 45) cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas y en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

Nulidad y anulabilidad de los actos

El sistema de invalidez administrativa se divide en dos categorías según la gravedad del vicio:

Nulidad de pleno derecho (Artículo 47)
Es la excepción y tiene efectos ex tunc (desde el principio). Son nulos los actos que:
  • Lesionen derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional.
  • Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio.
  • Tengan contenido imposible o sean constitutivos de infracción penal (o se dicten como consecuencia de ésta).
  • Prescindan total y absolutamente del procedimiento legal establecido o de las normas esenciales de formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  • Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieran derechos sin requisitos esenciales.
  • Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

La anulabilidad (artículo 48) es la regla general para cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de poder. Es importante destacar que:

  • El defecto de forma solo anula el acto si carece de requisitos indispensables para alcanzar su fin o produce indefensión.
  • Las actuaciones fuera de tiempo solo implican anulabilidad si la naturaleza del término es esencial.

Finalmente, el artículo 49 establece la limitación de efectos: la nulidad de un acto no implica la de los sucesivos que sean independientes del primero, ni la nulidad parcial de un acto invalida las partes independientes del mismo, salvo que la parte viciada sea esencial para la existencia del acto.

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