Normas generales de actuación
El Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el marco jurídico fundamental que rige la interacción entre la ciudadanía y el poder público. Debes entender este bloque como el catálogo de garantías que aseguran que la actividad administrativa no sea arbitraria y se adapte a la realidad tecnológica actual.
Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones
El artículo 13 reconoce una serie de derechos a quienes poseen capacidad de obrar. Estos derechos son transversales a cualquier actuación administrativa:
- Comunicación: Derecho a utilizar un Punto de Acceso General electrónico.
- Asistencia: Especialmente relevante para el uso de medios electrónicos.
- Lengua: Derecho a usar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
- Acceso a la información: Vinculado a la Ley 19/2013 de transparencia.
- Trato digno: Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por .
- Protección de datos: Garantía de seguridad y confidencialidad.
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente
El artículo 14 introduce una distinción fundamental basada en la naturaleza del sujeto:
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
- Profesionales de colegiación obligatoria (incluidos Notarios y Registradores).
- Representantes de sujetos obligados.
- para trámites por su condición de tales.
Lengua de los procedimientos
Según el artículo 15, el idioma de la es el castellano. Sin embargo, si los órganos radican en una Comunidad Autónoma con lengua cooficial:
- El interesado puede elegir la lengua cooficial.
- En caso de varios interesados con discrepancia de lengua, el procedimiento será en castellano, pero se expedirán documentos en la lengua elegida por cada uno.
- La Administración debe traducir al castellano los documentos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, salvo que se trate de otra Comunidad con la misma lengua cooficial.
Registros y archivos electrónicos
El artículo 16 transforma la gestión documental exigiendo que cada Administración disponga de un Registro Electrónico General. Podrás observar que la presencialidad se convierte en una excepción gestionada digitalmente:
- Los documentos presentados presencialmente deben ser digitalizados por la oficina de asistencia, devolviendo los originales al interesado.
- Los registros deben ser interoperables para garantizar la transmisión telemática entre administraciones.
- El artículo 17 obliga a mantener un archivo electrónico único para procedimientos finalizados, garantizando la autenticidad e integridad a largo plazo.
Obligación de resolver y plazos máximos
La Administración no tiene potestad para decidir si resuelve o no; el artículo 21 establece una obligación inexcusable de dictar resolución expresa y notificarla.
- El fijado por la norma reguladora del procedimiento (máximo 6 meses, salvo ley o Derecho UE).
- Si la norma no fija plazo: 3 meses.
- Cómputo en oficio: desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- Cómputo a solicitud: desde la entrada en el del órgano competente.
Suspensión y ampliación de plazos
El artículo 22 distingue entre supuestos donde la Administración "podrá" suspender (facultativo) y donde "se suspenderá" (preceptivo):
- Suspensión facultativa: Subsanación de deficiencias, solicitud de informes preceptivos (máximo 3 meses), pruebas técnicas o negociaciones para pactos.
- Suspensión preceptiva: Recusaciones, actuaciones complementarias o requerimientos entre Administraciones.
El silencio administrativo
Es una de las figuras más críticas para el estudio. El artículo 24 regula el silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado:
Regla general: El silencio es positivo (estimatorio).
Excepciones (Silencio Negativo):
- Norma con rango de Ley, Derecho UE o Derecho internacional aplicable en España que disponga lo contrario.
- Derecho de petición constitucional.
- Transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público.
- Actividades que puedan dañar el medio ambiente.
- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones.
- Impugnación de actos y disposiciones (recursos) y revisión de oficio iniciada a solicitud de los interesados.
Falta de resolución en procedimientos de oficio
El artículo 25 establece efectos distintos según la naturaleza del procedimiento:
- Si es un procedimiento del que derivan derechos favorables: Silencio negativo (desestimación).
- Si es un procedimiento sancionador o de gravamen: Se produce la caducidad y el archivo de las actuaciones.
Documentos y copias auténticas
La validez de la actuación administrativa reside en su soporte. El artículo 27 garantiza que las copias auténticas tengan la misma validez que los originales.
- Las Administraciones deben digitalizar los documentos en papel presentados por los interesados.
- El artículo 28 consagra el derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración o hayan sido elaborados por cualquier otra. La Administración debe recabarlos electrónicamente a través de redes corporativas o plataformas de intermediación de datos.
Cómputo de plazos
El artículo 30 detalla las reglas de cálculo, esenciales para evitar la extemporaneidad:
- Horas: Se consideran hábiles todas las que formen parte de un día hábil. No pueden superar las 24h.
- Días: Se entienden hábiles (excluyendo sábados, domingos y festivos), salvo que una ley o derecho UE indique que son naturales.
- Meses o años: De fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, expira el último día del mes.