Test del Título II de la Ley 39/2015

De la actividad de las Administraciones Públicas

  • 140 preguntas de esta parte
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con el test del Título II

Título II

De la actividad de las Administraciones Públicas

10 preguntas al azar de las 140 de esta parte, con la explicación de cada respuesta. Cada intento saca preguntas distintas.

Preguntas de ejemplo del Título II

  1. En la suspensión por existir un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea, ¿qué requisito de comunicación se exige?

    • No es necesaria la comunicación si el procedimiento es público en la web de la Comisión Europea.
    • Solo se comunica la finalización del procedimiento europeo.
    • Se debe comunicar tanto la existencia del procedimiento como su resolución.
    • Basta con publicarlo en el Boletín Oficial del Estado.

    Respuesta correcta: Se debe comunicar tanto la existencia del procedimiento como su resolución. El artículo 22.1.c) establece que deberá comunicarse a los interesados tanto la constancia de la existencia del procedimiento europeo como la notificación de su resolución.

  2. ¿Qué ocurre con la solicitud de una copia auténtica si existen excepciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre?

    • Se requerirá autorización previa del Consejo de Ministros.
    • La solicitud se denegará automáticamente sin posibilidad de recurso.
    • Podría no expedirse o verse afectada la solicitud en base a dicha ley.
    • El plazo de expedición se reduce a la mitad.

    Respuesta correcta: Podría no expedirse o verse afectada la solicitud en base a dicha ley. El artículo 27.4 señala que la expedición de copias auténticas se realizará en el plazo de quince días, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013 (Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

  3. ¿A través de qué medio deben las Administraciones Públicas hacer públicos los códigos seguros de verificación utilizados para las copias?

    • Únicamente a través del Boletín Oficial del Estado.
    • En el Portal de Transparencia de la Unión Europea.
    • A través de la sede electrónica correspondiente.
    • Mediante anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento.

    Respuesta correcta: A través de la sede electrónica correspondiente. El artículo 27.3.d) establece que las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.

  4. ¿Quiénes son los responsables directos de la tramitación de los asuntos en la Administración?

    • El Director General de la Función Pública de forma centralizada.
    • Los titulares de las unidades administrativas y el personal a cargo del despacho de los asuntos.
    • Únicamente el personal eventual y de confianza.
    • Exclusivamente los Ministros y Consejeros.

    Respuesta correcta: Los titulares de las unidades administrativas y el personal a cargo del despacho de los asuntos. El artículo 20.1 indica que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o despacho serán los responsables.

  5. ¿Pueden las Administraciones obligar a ciertas personas físicas a presentar documentos por medios electrónicos?

    • No, las personas físicas siempre tienen derecho a elegir el medio.
    • Sí, pero solo en procedimientos sancionadores.
    • Sí, para colectivos que por su capacidad técnica o profesional tengan acceso a dichos medios.
    • No, esa obligación solo puede imponerse a personas jurídicas.

    Respuesta correcta: Sí, para colectivos que por su capacidad técnica o profesional tengan acceso a dichos medios. El artículo 16.5 permite establecer reglamentariamente esta obligación para ciertos colectivos de personas físicas que por capacidad económica, técnica o dedicación profesional tengan acceso a los medios necesarios.

Resumen del Título II

Significado de los colores

Plazos, fechas y números Órganos, autoridades y competencias Prohibiciones o excepciones Derechos o principios Definiciones clave y conceptos Citas a artículos o leyes

Normas generales de actuación

El Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el marco jurídico fundamental que rige la interacción entre la ciudadanía y el poder público. Debes entender este bloque como el catálogo de garantías que aseguran que la actividad administrativa no sea arbitraria y se adapte a la realidad tecnológica actual.

Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones

El artículo 13 reconoce una serie de derechos a quienes poseen capacidad de obrar. Estos derechos son transversales a cualquier actuación administrativa:

  • Comunicación: Derecho a utilizar un Punto de Acceso General electrónico.
  • Asistencia: Especialmente relevante para el uso de medios electrónicos.
  • Lengua: Derecho a usar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
  • Acceso a la información: Vinculado a la Ley 19/2013 de transparencia.
  • Trato digno: Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos.
  • Protección de datos: Garantía de seguridad y confidencialidad.
Estos derechos son independientes de los derechos específicos que ostenta la figura del "interesado" regulados en el artículo 53 de la misma ley.

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente

El artículo 14 introduce una distinción fundamental basada en la naturaleza del sujeto:

Personas físicas (Regla general)
Tienen el derecho de elección. Pueden decidir en cualquier momento si se comunican por medios electrónicos o no, y pueden cambiar esta decisión cuando lo deseen.
Sujetos obligados a relación electrónica
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
  • Profesionales de colegiación obligatoria (incluidos Notarios y Registradores).
  • Representantes de sujetos obligados.
  • Empleados públicos para trámites por su condición de tales.
La Administración puede ampliar esta obligación a ciertos colectivos de personas físicas si se acredita que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos por su capacidad económica o técnica.

Lengua de los procedimientos

Según el artículo 15, el idioma de la Administración General del Estado es el castellano. Sin embargo, si los órganos radican en una Comunidad Autónoma con lengua cooficial:

  • El interesado puede elegir la lengua cooficial.
  • En caso de varios interesados con discrepancia de lengua, el procedimiento será en castellano, pero se expedirán documentos en la lengua elegida por cada uno.
  • La Administración debe traducir al castellano los documentos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, salvo que se trate de otra Comunidad con la misma lengua cooficial.

Registros y archivos electrónicos

El artículo 16 transforma la gestión documental exigiendo que cada Administración disponga de un Registro Electrónico General. Podrás observar que la presencialidad se convierte en una excepción gestionada digitalmente:

  • Los documentos presentados presencialmente deben ser digitalizados por la oficina de asistencia, devolviendo los originales al interesado.
  • Los registros deben ser interoperables para garantizar la transmisión telemática entre administraciones.
  • El artículo 17 obliga a mantener un archivo electrónico único para procedimientos finalizados, garantizando la autenticidad e integridad a largo plazo.

Obligación de resolver y plazos máximos

La Administración no tiene potestad para decidir si resuelve o no; el artículo 21 establece una obligación inexcusable de dictar resolución expresa y notificarla.

Plazos para resolver
  • El fijado por la norma reguladora del procedimiento (máximo 6 meses, salvo ley o Derecho UE).
  • Si la norma no fija plazo: 3 meses.
  • Cómputo en oficio: desde la fecha del acuerdo de iniciación.
  • Cómputo a solicitud: desde la entrada en el registro electrónico del órgano competente.

Suspensión y ampliación de plazos

El artículo 22 distingue entre supuestos donde la Administración "podrá" suspender (facultativo) y donde "se suspenderá" (preceptivo):

  • Suspensión facultativa: Subsanación de deficiencias, solicitud de informes preceptivos (máximo 3 meses), pruebas técnicas o negociaciones para pactos.
  • Suspensión preceptiva: Recusaciones, actuaciones complementarias o requerimientos entre Administraciones.
La ampliación del plazo (Art. 23) es excepcional y no puede ser superior al plazo establecido originalmente para la tramitación del procedimiento. No cabe recurso contra el acuerdo de ampliación.

El silencio administrativo

Es una de las figuras más críticas para el estudio. El artículo 24 regula el silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

Regla general: El silencio es positivo (estimatorio).

Excepciones (Silencio Negativo):

  • Norma con rango de Ley, Derecho UE o Derecho internacional aplicable en España que disponga lo contrario.
  • Derecho de petición constitucional.
  • Transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público.
  • Actividades que puedan dañar el medio ambiente.
  • Responsabilidad patrimonial de las Administraciones.
  • Impugnación de actos y disposiciones (recursos) y revisión de oficio iniciada a solicitud de los interesados.
Regla del "doble silencio": Si se interpone recurso de alzada contra una desestimación por silencio, el silencio en el recurso será POSITIVO, salvo en las materias exceptuadas anteriormente.

Falta de resolución en procedimientos de oficio

El artículo 25 establece efectos distintos según la naturaleza del procedimiento:

  • Si es un procedimiento del que derivan derechos favorables: Silencio negativo (desestimación).
  • Si es un procedimiento sancionador o de gravamen: Se produce la caducidad y el archivo de las actuaciones.

Documentos y copias auténticas

La validez de la actuación administrativa reside en su soporte. El artículo 27 garantiza que las copias auténticas tengan la misma validez que los originales.

  • Las Administraciones deben digitalizar los documentos en papel presentados por los interesados.
  • El artículo 28 consagra el derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración o hayan sido elaborados por cualquier otra. La Administración debe recabarlos electrónicamente a través de redes corporativas o plataformas de intermediación de datos.

Cómputo de plazos

El artículo 30 detalla las reglas de cálculo, esenciales para evitar la extemporaneidad:

  • Horas: Se consideran hábiles todas las que formen parte de un día hábil. No pueden superar las 24h.
  • Días: Se entienden hábiles (excluyendo sábados, domingos y festivos), salvo que una ley o derecho UE indique que son naturales.
  • Meses o años: De fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, expira el último día del mes.
Regla de la sede y el registro
Si un día es hábil en el municipio del interesado pero inhábil en la sede del órgano (o viceversa), se considerará inhábil en todo caso. No obstante, según el artículo 31.3, para los registros electrónicos el calendario aplicable será exclusivamente el de la sede electrónica de acceso.

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