Capacidad de obrar y el concepto de interesado
El Capítulo I del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece los cimientos sobre quiénes pueden interactuar con la Administración y bajo qué condiciones jurídicas. Debes distinguir inicialmente entre la capacidad de obrar y la condición de interesado, pues son conceptos complementarios pero distintos.
- Personas físicas o jurídicas: Siempre que ostenten dicha capacidad según las normas civiles.
- Menores de edad: Podrán actuar para defender derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento sin asistencia de sus tutores. Se excluyen los menores incapacitados cuando la extensión de su incapacitación así lo determine.
- Entidades sin personalidad: Grupos de afectados, uniones de empresas o patrimonios independientes, siempre que una Ley así lo declare expresamente.
La condición de interesado
El artículo 4 define quién es parte legítima en un procedimiento. Podrás observar que la ley no solo protege a quien inicia el trámite, sino a todo aquel que pueda verse afectado por la resolución final.
- Promotores: Quienes inician el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos.
- Afectados directos: Personas que, sin haber iniciado el proceso, tienen derechos que pueden resultar menoscabados por la decisión administrativa.
- Afectados eventuales: Aquellos con intereses legítimos que se personen en el procedimiento antes de que recaiga la resolución definitiva.
Representación y registros de apoderamientos
Cualquier interesado con capacidad de obrar puede actuar mediante un representante. Esta figura es clave para la agilidad administrativa, pero exige ciertas formalidades según la trascendencia del acto.
Acreditación y subsanación
La representación puede acreditarse por cualquier medio válido en Derecho (escritura pública, documento privado con firma legitimada, etc.), pero la Ley 39/2015 potencia el apoderamiento apud acta, realizado por comparecencia personal o electrónica en la sede correspondiente.
Si la acreditación es insuficiente o falta, el no debe rechazar el acto de inmediato. Se debe otorgar un plazo de diez días para subsanar el defecto, o un plazo superior si las circunstancias lo justifican.
Registros electrónicos de apoderamientos (REA)
Cada Administración () debe disponer de un registro interoperable. Los poderes inscritos pueden ser de tres tipos:
- Poder general: Para cualquier actuación ante cualquier Administración.
- Poder para una Administración: Para cualquier actuación ante un Organismo concreto.
- Poder para trámites específicos: Limitado a ciertos procedimientos señalados en el poder.
Pluralidad de interesados y nuevos intervinientes
En el caso de que una solicitud sea firmada por varias personas, las actuaciones se realizarán con el representante designado expresamente. En su defecto, la Administración se dirigirá al interesado que figure en primer término.
Asimismo, el artículo 8 impone una obligación de diligencia al : si advierte la existencia de personas cuyos derechos pueden ser afectados y que no personadas, debe comunicarles obligatoriamente la tramitación del procedimiento si su identificación se desprende del expediente.
Identificación y firma de los interesados
El Capítulo II distingue entre identificarse (quién eres) y firmar (qué voluntad manifiestas). Es una distinción técnica fundamental en la administración electrónica actual.
Sistemas de identificación
Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad. Los medios admitidos son:
- Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma o sello.
- Sistemas de clave concertada y otros sistemas que las Administraciones consideren válidos, previa comunicación a la .
Uso obligatorio de firma
Aunque para la mayoría de los trámites basta con la identificación, la firma electrónica es obligatoria para los mismos supuestos críticos mencionados en la representación: solicitudes, declaraciones, recursos, desistimientos y renuncias. El artículo 10.5 aclara que, si usas un sistema de firma, tu identidad se considera automáticamente acreditada.
Asistencia en el uso de medios electrónicos
Para garantizar el principio de igualdad y no discriminación, el artículo 12 obliga a las Administraciones a asistir a los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente. Esta asistencia incluye la identificación o firma por parte de un funcionario público mediante el sistema de firma electrónica del que este disponga, siempre que el interesado se identifique y preste su consentimiento expreso, del cual debe quedar constancia para posibles discrepancias futuras.