Fundamentos y delimitación del objeto de la norma
El Artículo 1 de la Ley 39/2015 establece el marco de actuación fundamental para todas las Administraciones Públicas. Debes entender que esta norma no solo es un código de ritos procesales, sino la garantía de seguridad jurídica que vertebra la relación entre el ciudadano y el poder público. Su objeto se despliega en tres ejes fundamentales que estructuran toda la actuación administrativa:
- La regulación de los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, asegurando que cualquier decisión de la Administración cumpla con los estándares legales mínimos para producir efectos.
- El establecimiento del procedimiento administrativo común. Es vital notar que este concepto "común" integra ahora de forma unitaria tanto el procedimiento general como las especialidades del procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial, que anteriormente se encontraban dispersos o fragmentados.
- La fijación de los principios que rigen el ejercicio de la , buscando una mejora en la calidad normativa y la transparencia.
Reserva de ley y especialidades procedimentales
La norma protege la integridad del procedimiento común mediante una reserva de ley estricta. El apartado segundo del Artículo 1 limita la capacidad de las Administraciones para crear trámites arbitrarios. Debes retener que la inclusión de trámites adicionales o distintos a los previstos en esta ley queda sujeta a condiciones acumulativas muy rigurosas:
- Solo mediante ley: No se permite que un reglamento cree trámites nuevos que afecten a la estructura del procedimiento común.
- Juicio de necesidad y proporcionalidad: La creación de nuevos trámites debe ser eficaz y necesaria para los fines específicos del procedimiento.
- Motivación: La norma que introduzca la especialidad debe justificar explícitamente por qué no es suficiente el procedimiento común.
- Por Ley: Creación de trámites adicionales, nuevos pasos en el iter procedimental o requisitos de validez distintos.
- Por Reglamento: Especialidades relativas a , plazos (dentro de los límites legales), formas de iniciación, ejecución o modelos de presentación.
Simplificación administrativa y supresión de cargas
Una de las novedades que introduce el espíritu del Título Preliminar, apoyado en su exposición de motivos, es la búsqueda de la eficiencia operativa. Podrás observar un cambio de paradigma en la eliminación de figuras que históricamente entorpecían el acceso a la justicia:
Se suprimen de forma definitiva las reclamaciones previas en vía civil y laboral. Esta decisión responde a su escasa utilidad práctica y a la voluntad de eliminar obstáculos innecesarios para el ejercicio de derechos por parte de los administrados. Si la Administración actúa como empleador o sujeto civil, se someterá a las reglas correspondientes sin este privilegio previo.
Ámbitos con normativa específica y supletoriedad
Aunque la Ley 39/2015 busca ser el tronco común, reconoce la existencia de materias que, por su complejidad técnica o naturaleza fiscal, requieren de una regulación propia. En estos casos, la presente ley actúa como norma supletoria. Debes prestar especial atención a las siguientes áreas que mantienen su régimen especial:
- Materia tributaria y aduanera: Aplicación de tributos, revisión y procedimientos sancionadores específicos.
- Seguridad Social y Desempleo: Gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión (el preámbulo cita, entre otros, los actos de encuadramiento y afiliación).
- Tráfico y Seguridad Vial: Procedimientos sancionadores en esta materia.
- Extranjería: Actuaciones y procedimientos específicos de este régimen.
Principios de buena regulación y planificación normativa
El Título Preliminar sienta las bases para lo que se desarrolla posteriormente en el Título VI, introduciendo conceptos de gobernanza pública. La ley no solo regula cómo se aplica el derecho, sino cómo debe crearse:
- Planificación normativa ex ante: Las Administraciones deben hacer público un Plan Anual Normativo. Esto permite que los ciudadanos y empresas conozcan con antelación qué leyes o reglamentos se pretenden aprobar el año siguiente, aumentando la predictibilidad del ordenamiento.
- Participación ciudadana real: Se establece la obligación de recabar la opinión de los sujetos afectados antes de la elaboración de la norma, consultando sobre los problemas a solucionar y la necesidad de la aprobación.
- Evaluación ex post: No basta con aprobar la norma; la Administración tiene ahora la obligación de evaluar periódicamente si las normas en vigor han cumplido sus objetivos y si las cargas administrativas que imponen están justificadas.