Test del Título preliminar de la Ley 39/2015

Disposiciones generales

  • 23 preguntas de esta parte
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con el test del Título preliminar

Título preliminar

Disposiciones generales

10 preguntas al azar de las 23 de esta parte, con la explicación de cada respuesta. Cada intento saca preguntas distintas.

Preguntas de ejemplo del Título preliminar

  1. Respecto a las reclamaciones previas en vía civil y laboral, ¿cuál es su situación jurídica actual según la reforma legislativa?

    • Son potestativas únicamente en el ámbito de la Seguridad Social.
    • Siguen siendo obligatorias para agotar la vía administrativa.
    • Se han unificado en un solo procedimiento de queja previo.
    • Quedan suprimidas por su escasa utilidad práctica.

    Respuesta correcta: Quedan suprimidas por su escasa utilidad práctica. La Ley ha suprimido las reclamaciones previas en vía civil y laboral debido a su escasa utilidad práctica y con el fin de eliminar cargas que dificultaban el ejercicio de derechos.

  2. En el procedimiento de elaboración de normas, ¿sobre qué aspectos se debe recabar la opinión de ciudadanos y empresas con carácter previo?

    • Sobre los problemas a solucionar, necesidad, oportunidad, objetivos y soluciones alternativas.
    • Solo sobre la adecuación de la norma al Derecho de la Unión Europea.
    • Exclusivamente sobre la jerarquía normativa de la propuesta.
    • Únicamente sobre el coste económico de la norma.

    Respuesta correcta: Sobre los problemas a solucionar, necesidad, oportunidad, objetivos y soluciones alternativas. Se debe recabar opinión sobre los problemas a solucionar, la necesidad y oportunidad de la aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

  3. ¿Qué aspectos del procedimiento administrativo pueden establecerse reglamentariamente como especialidades?

    • La modificación de los requisitos de validez del acto administrativo.
    • La supresión del trámite de audiencia en todo caso.
    • Especialidades sobre órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación.
    • La creación de nuevos derechos subjetivos para los ciudadanos.

    Respuesta correcta: Especialidades sobre órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación. Según el Artículo 1.2, reglamentariamente podrán establecerse especialidades referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes.

  4. ¿Cuál de los siguientes sujetos NO forma parte del sector público institucional según la normativa reguladora del procedimiento administrativo común?

    • Los organismos públicos vinculados a las Administraciones Públicas.
    • Las entidades de derecho privado vinculadas a las Administraciones Públicas cuando ejerzan potestades administrativas.
    • Las Entidades que integran la Administración Local.
    • Las Universidades públicas.

    Respuesta correcta: Las Entidades que integran la Administración Local. El artículo 2.2 de la Ley 39/2015 establece que el sector público institucional se integra por organismos públicos, entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (bajo ciertas condiciones) y las Universidades públicas. Las Entidades Locales forman parte del sector público (Art. 2.1.c) pero no se encuadran dentro del concepto de 'sector público institucional'.

  5. ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública a efectos de la Ley 39/2015?

    • No, se rigen exclusivamente por su normativa específica de autonomía universitaria.
    • Solo cuando actúen en el ejercicio de potestades delegadas por el Estado.
    • Sí, en todo caso.
    • No están incluidas en la enumeración que define a las Administraciones Públicas en el artículo 2.3.

    Respuesta correcta: No están incluidas en la enumeración que define a las Administraciones Públicas en el artículo 2.3. El artículo 2.3 define qué sujetos tienen la consideración de Administraciones Públicas, incluyendo a la AGE, CCAA, Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público (Art 2.2.a). Las Universidades públicas (Art 2.2.c) no se incluyen en esta enumeración restrictiva de 'Administraciones Públicas', aunque sí forman parte del sector público institucional.

Resumen del Título preliminar

Significado de los colores

Plazos, fechas y números Órganos, autoridades y competencias Prohibiciones o excepciones Derechos o principios Definiciones clave y conceptos Citas a artículos o leyes

Fundamentos y delimitación del objeto de la norma

El Artículo 1 de la Ley 39/2015 establece el marco de actuación fundamental para todas las Administraciones Públicas. Debes entender que esta norma no solo es un código de ritos procesales, sino la garantía de seguridad jurídica que vertebra la relación entre el ciudadano y el poder público. Su objeto se despliega en tres ejes fundamentales que estructuran toda la actuación administrativa:

  • La regulación de los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, asegurando que cualquier decisión de la Administración cumpla con los estándares legales mínimos para producir efectos.
  • El establecimiento del procedimiento administrativo común. Es vital notar que este concepto "común" integra ahora de forma unitaria tanto el procedimiento general como las especialidades del procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial, que anteriormente se encontraban dispersos o fragmentados.
  • La fijación de los principios que rigen el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, buscando una mejora en la calidad normativa y la transparencia.
Podrás observar que, a diferencia de normativas anteriores, la ley actual enfatiza la unificación. No existen ya leyes separadas para el procedimiento sancionador o de responsabilidad; todo se integra bajo el paraguas del procedimiento administrativo común, lo que simplifica el mapa normativo para el opositor y el profesional.

Reserva de ley y especialidades procedimentales

La norma protege la integridad del procedimiento común mediante una reserva de ley estricta. El apartado segundo del Artículo 1 limita la capacidad de las Administraciones para crear trámites arbitrarios. Debes retener que la inclusión de trámites adicionales o distintos a los previstos en esta ley queda sujeta a condiciones acumulativas muy rigurosas:

  • Solo mediante ley: No se permite que un reglamento cree trámites nuevos que afecten a la estructura del procedimiento común.
  • Juicio de necesidad y proporcionalidad: La creación de nuevos trámites debe ser eficaz y necesaria para los fines específicos del procedimiento.
  • Motivación: La norma que introduzca la especialidad debe justificar explícitamente por qué no es suficiente el procedimiento común.
Distribución de competencias normativas
  • Por Ley: Creación de trámites adicionales, nuevos pasos en el iter procedimental o requisitos de validez distintos.
  • Por Reglamento: Especialidades relativas a órganos competentes, plazos (dentro de los límites legales), formas de iniciación, ejecución o modelos de presentación.

Simplificación administrativa y supresión de cargas

Una de las novedades que introduce el espíritu del Título Preliminar, apoyado en su exposición de motivos, es la búsqueda de la eficiencia operativa. Podrás observar un cambio de paradigma en la eliminación de figuras que históricamente entorpecían el acceso a la justicia:

Se suprimen de forma definitiva las reclamaciones previas en vía civil y laboral. Esta decisión responde a su escasa utilidad práctica y a la voluntad de eliminar obstáculos innecesarios para el ejercicio de derechos por parte de los administrados. Si la Administración actúa como empleador o sujeto civil, se someterá a las reglas correspondientes sin este privilegio previo.

El legislador ha detectado que estos trámites funcionaban más como una barrera temporal que como una verdadera oportunidad de solución extrajudicial, por lo que su eliminación es una medida directa de simplificación.

Ámbitos con normativa específica y supletoriedad

Aunque la Ley 39/2015 busca ser el tronco común, reconoce la existencia de materias que, por su complejidad técnica o naturaleza fiscal, requieren de una regulación propia. En estos casos, la presente ley actúa como norma supletoria. Debes prestar especial atención a las siguientes áreas que mantienen su régimen especial:

  • Materia tributaria y aduanera: Aplicación de tributos, revisión y procedimientos sancionadores específicos.
  • Seguridad Social y Desempleo: Gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión (el preámbulo cita, entre otros, los actos de encuadramiento y afiliación).
  • Tráfico y Seguridad Vial: Procedimientos sancionadores en esta materia.
  • Extranjería: Actuaciones y procedimientos específicos de este régimen.
Ten cuidado: Que estas materias tengan normativa específica no significa que la Ley 39/2015 no les afecte. Se aplicará siempre en todo aquello que no esté regulado por sus leyes especiales, funcionando como el estándar mínimo de garantías para el ciudadano.

Principios de buena regulación y planificación normativa

El Título Preliminar sienta las bases para lo que se desarrolla posteriormente en el Título VI, introduciendo conceptos de gobernanza pública. La ley no solo regula cómo se aplica el derecho, sino cómo debe crearse:

  • Planificación normativa ex ante: Las Administraciones deben hacer público un Plan Anual Normativo. Esto permite que los ciudadanos y empresas conozcan con antelación qué leyes o reglamentos se pretenden aprobar el año siguiente, aumentando la predictibilidad del ordenamiento.
  • Participación ciudadana real: Se establece la obligación de recabar la opinión de los sujetos afectados antes de la elaboración de la norma, consultando sobre los problemas a solucionar y la necesidad de la aprobación.
  • Evaluación ex post: No basta con aprobar la norma; la Administración tiene ahora la obligación de evaluar periódicamente si las normas en vigor han cumplido sus objetivos y si las cargas administrativas que imponen están justificadas.

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