Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley
El artículo 127 establece el marco de actuación para la creación de normas primarias en el ordenamiento jurídico español. Debes distinguir entre la iniciativa legislativa propiamente dicha y la capacidad de dictar normas con fuerza de ley en situaciones específicas o por delegación.
- ejerce la iniciativa legislativa mediante la elaboración de anteproyectos de Ley, que tras su aprobación se remiten como proyectos de ley a las Cortes Generales.
- Los ejercen esta iniciativa según lo dispuesto en la Constitución y sus Estatutos de Autonomía.
- Se reconoce la potestad para dictar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos tanto al Gobierno central como a los órganos de gobierno autonómicos en sus respectivos ámbitos.
Potestad reglamentaria y sus límites
El artículo 128 regula la capacidad de las Administraciones para dictar disposiciones de rango inferior a la ley. Esta potestad no es absoluta y está sujeta a estrictos controles de legalidad y jerarquía.
- (Ayuntamientos y Diputaciones).
Existen prohibiciones taxativas para los reglamentos. No podrán, bajo ningún concepto:
- Vulnerar la Constitución o las leyes.
- Regular materias reservadas a la Ley (Cortes Generales o Asambleas Legislativas).
- Tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas.
- Establecer penas, sanciones, tributos o cargas públicas personales o patrimoniales.
Principios de buena regulación
El artículo 129 introduce los estándares de calidad normativa que deben cumplir todas las Administraciones Públicas. Estos principios deben quedar justificados en la exposición de motivos o en el preámbulo de la norma.
- Necesidad y Eficacia: La iniciativa debe responder a un interés general identificado y ser el medio más adecuado.
- Proporcionalidad: La norma debe contener la regulación imprescindible, constatando que no existen medidas menos restrictivas de derechos.
- Seguridad Jurídica: Debe ser coherente con el resto del ordenamiento para crear un marco estable y predecible.
- Transparencia: Implica el acceso sencillo a la normativa y la participación activa de los destinatarios en su elaboración.
- Eficiencia: Evitar cargas administrativas innecesarias y racionalizar los recursos públicos.
Evaluación normativa y planificación
La ley impone a las Administraciones una actitud proactiva respecto a la calidad de su ordenamiento a través de dos mecanismos principales:
Evaluación normativa periódica
Según el artículo 130, las Administraciones deben revisar su normativa vigente para comprobar si se han cumplido los objetivos y si el coste/carga impuesto estaba justificado. Los resultados deben plasmarse en un informe público. Matiz de la STC 55/2018 (ver la nota del artículo 129): no es aplicable a la iniciativa legislativa de las Comunidades Autónomas.
Planificación normativa anual
El artículo 132 obliga a las Administraciones a hacer público un Plan Anual Normativo. Este documento debe contener todas las iniciativas legales o reglamentarias que se prevean elevar para aprobación el año siguiente, publicándose obligatoriamente en el Portal de la Transparencia. Según la STC 55/2018, este artículo no es aplicable a las Comunidades Autónomas.
Publicidad de las normas
El artículo 131 establece que para que las normas produzcan efectos jurídicos, es requisito sine qua non su publicación en el diario oficial correspondiente (, diarios autonómicos o provinciales).
- La publicación en las sedes electrónicas tiene los mismos efectos que la edición impresa.
- La edición electrónica del BOE tiene carácter oficial y auténtico.
- Los efectos de la publicación se derivan conforme al Título Preliminar del Código Civil (vacatio legis de 20 días si no se dispone otra cosa).
Participación de los ciudadanos en la elaboración normativa
El artículo 133 garantiza el derecho de los ciudadanos a influir en el proceso de creación de leyes y reglamentos mediante dos fases diferenciadas: