Test del Título IV de la Ley 39/2015

De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

  • 258 preguntas de esta parte
  • Explicación en cada respuesta
  • Gratis y sin registro
  • Vigencia comprobada en el BOE: noviembre de 2026

Practica con el test del Título IV

Título IV

De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

10 preguntas al azar de las 258 de esta parte, con la explicación de cada respuesta. Cada intento saca preguntas distintas.

Preguntas de ejemplo del Título IV

  1. A quién se debe notificar obligatoriamente el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador?

    • Exclusivamente al denunciante.
    • Al Ministerio Fiscal en todos los casos.
    • Al instructor y a los interesados, incluyendo siempre al inculpado.
    • Únicamente al órgano superior jerárquico.

    Respuesta correcta: Al instructor y a los interesados, incluyendo siempre al inculpado. El artículo 64.1 establece que el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

  2. ¿Qué concepto NO tiene la consideración de actuación complementaria antes de dictar resolución?

    • La solicitud de documentos nuevos a otras Administraciones.
    • Las inspecciones oculares de oficio.
    • Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
    • Las pruebas testificales adicionales.

    Respuesta correcta: Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. El artículo 87 especifica que no tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.

  3. ¿Cuál de los siguientes trámites NO forma parte de la relación taxativa de la tramitación simplificada?

    • Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando sea preceptivo.
    • Informe del servicio jurídico, cuando sea preceptivo.
    • Subsanación de la solicitud presentada.
    • Trámite de información pública.

    Respuesta correcta: Trámite de información pública. El artículo 96.6 enumera los trámites: Inicio, Subsanación, Alegaciones (5 días), Audiencia (si es desfavorable), Informe jurídico (si es preceptivo), Informe CGPJ (si es preceptivo), Dictamen órgano consultivo (si es preceptivo) y Resolución. La información pública no figura en esta lista.

  4. ¿Puede un interesado actuar con un asesor en un procedimiento administrativo?

    • Sí, cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
    • Solo si la Administración lo autoriza previamente por escrito.
    • Solo si el procedimiento es de cuantía superior a 10.000 euros.
    • No, la representación es personal e intransferible.

    Respuesta correcta: Sí, cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. El artículo 53.1.g) reconoce explícitamente el derecho de los interesados a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

  5. ¿Cuál es el plazo mínimo que debe tener un período de prueba ordinario?

    • Ocho días.
    • Cinco días.
    • Diez días.
    • Quince días.

    Respuesta correcta: Diez días. El artículo 77.2 establece que el plazo no podrá ser inferior a diez días.

Resumen del Título IV

Significado de los colores

Plazos, fechas y números Órganos, autoridades y competencias Prohibiciones o excepciones Derechos o principios Definiciones clave y conceptos Citas a artículos o leyes

Garantías del procedimiento y derechos de los interesados

El procedimiento administrativo común se fundamenta en un sistema de garantías que protege la posición jurídica del ciudadano frente a la actuación de la Administración Pública. El artículo 53 desglosa los derechos de los interesados, destacando la facultad de conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo y el acceso a copias de documentos electrónicos a través del Punto de Acceso General electrónico.

Es fundamental recordar que los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales, salvo excepciones legales, y a no aportar datos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, reforzando el principio de eficiencia y no duplicidad.

Derechos específicos en procedimientos sancionadores

Cuando el procedimiento tiene naturaleza sancionadora, se añaden garantías adicionales para el presunto responsable:

  • Derecho a ser notificado de los hechos imputados, las infracciones y las posibles sanciones.
  • Identificación del instructor y de la autoridad competente para sancionar.
  • Derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Iniciación del procedimiento administrativo

De acuerdo con el artículo 54, los procedimientos pueden iniciarse de dos formas: de oficio o a solicitud del interesado. Antes del inicio formal, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas para determinar la conveniencia de iniciar el expediente.

Modalidades de iniciación de oficio
  • Propia iniciativa: Conocimiento directo o indirecto de los hechos por el órgano competente.
  • Orden superior: Emitida por un órgano jerárquicamente superior.
  • Petición razonada: Propuesta de otro órgano que no tiene competencia para iniciar pero conoce los hechos.
  • Denuncia: Comunicación de hechos por cualquier persona. No otorga por sí misma la condición de interesado.

Medidas provisionales

El artículo 56 faculta al órgano competente para adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución. Estas medidas deben respetar los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Si las medidas se adoptan antes de la iniciación por urgencia, el acuerdo de inicio debe confirmar, modificar o levantar dichas medidas en el plazo de quince días. De lo contrario, quedarán sin efecto.

Inicio a solicitud del interesado

Las solicitudes deben cumplir los requisitos del artículo 66 (identificación, hechos, lugar, firma, etc.). Si la solicitud fuera defectuosa, se requerirá al interesado para su subsanación en un plazo de diez días, ampliables hasta cinco días en casos de dificultad especial, salvo en procedimientos selectivos.

Ordenación e instrucción del procedimiento

La ordenación se rige por el impulso de oficio y la celeridad. El expediente administrativo debe tener formato electrónico y contener todos los documentos que sirven de fundamento a la resolución, excluyendo la información auxiliar o de apoyo.

La prueba en el procedimiento

Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio admisible en Derecho. El instructor abrirá un período de prueba de entre diez y treinta días cuando no tenga por ciertos los hechos alegados.

  • Rechazo de pruebas: Solo mediante resolución motivada si son improcedentes o innecesarias.
  • Carga de la prueba en discriminación: Si el interesado aporta indicios fundados, corresponde a la otra parte aportar una justificación objetiva y probada.
  • Valor probatorio: Los hechos constatados por funcionarios con condición de autoridad en documentos formalizados hacen prueba salvo prueba en contrario.

Informes y participación

Los informes serán, por regla general, facultativos y no vinculantes, debiendo emitirse en el plazo de diez días. El trámite de audiencia es preceptivo tras la instrucción y antes de la propuesta de resolución, con un plazo de entre diez y quince días para alegaciones.

Se puede prescindir de la audiencia si no figuran en el procedimiento ni se van a tener en cuenta en la resolución otros hechos o pruebas que los aducidos por el propio interesado.

Finalización del procedimiento

El procedimiento puede terminar por resolución, desistimiento, renuncia al derecho, declaración de caducidad o imposibilidad material sobrevenida. La Administración tiene el deber de resolver de forma congruente con las peticiones y motivar sus decisiones.

La caducidad (Art. 95)

En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si el expediente se paraliza por causa imputable a este, la Administración advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad y el archivo de las actuaciones.

Especialidades en responsabilidad patrimonial

El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o manifestado su efecto lesivo. En caso de daños físicos o psíquicos, el plazo computa desde la curación o determinación de secuelas. El procedimiento requiere informe del servicio causante y, en reclamaciones de cuantía igual o superior a 50.000 euros, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico.

Tramitación simplificada y ejecución

La tramitación simplificada permite resolver el procedimiento en el plazo de treinta días cuando existan razones de interés público o falta de complejidad. Si un interesado manifiesta oposición expresa, la Administración debe seguir la vía ordinaria, salvo en infracciones leves de naturaleza sancionadora.

Ejecución de los actos administrativos

Los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión, sanciones no firmes en vía administrativa o cuando se requiera autorización superior. Los medios de ejecución forzosa, regidos por la proporcionalidad, son:

  • Apremio sobre el patrimonio: Para deudas pecuniarias.
  • Ejecución subsidiaria: Actos que no sean personalísimos.
  • Multa coercitiva: Reiterada en el tiempo para obligar al cumplimiento.
  • Compulsión sobre las personas: Para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar.

Para la entrada en el domicilio del afectado, se requiere el consentimiento del titular o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

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