Garantías del procedimiento y derechos de los interesados
El procedimiento administrativo común se fundamenta en un sistema de garantías que protege la posición jurídica del ciudadano frente a la actuación de la . El artículo 53 desglosa los derechos de los interesados, destacando la facultad de conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo y el acceso a copias de documentos electrónicos a través del Punto de Acceso General electrónico.
Es fundamental recordar que los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales, salvo excepciones legales, y a no aportar datos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, reforzando el principio de eficiencia y no duplicidad.
Derechos específicos en procedimientos sancionadores
Cuando el procedimiento tiene naturaleza sancionadora, se añaden garantías adicionales para el presunto responsable:
- Derecho a ser notificado de los hechos imputados, las infracciones y las posibles sanciones.
- Identificación del y de la autoridad competente para sancionar.
- Derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Iniciación del procedimiento administrativo
De acuerdo con el artículo 54, los procedimientos pueden iniciarse de dos formas: de oficio o a solicitud del interesado. Antes del inicio formal, el puede abrir un período de información o actuaciones previas para determinar la conveniencia de iniciar el expediente.
- Propia iniciativa: Conocimiento directo o indirecto de los hechos por el órgano competente.
- Orden superior: Emitida por un órgano jerárquicamente superior.
- Petición razonada: Propuesta de otro órgano que no tiene competencia para iniciar pero conoce los hechos.
- Denuncia: Comunicación de hechos por cualquier persona. No otorga por sí misma la condición de interesado.
Medidas provisionales
El artículo 56 faculta al órgano competente para adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución. Estas medidas deben respetar los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Si las medidas se adoptan antes de la iniciación por urgencia, el acuerdo de inicio debe confirmar, modificar o levantar dichas medidas en el plazo de quince días. De lo contrario, quedarán sin efecto.
Inicio a solicitud del interesado
Las solicitudes deben cumplir los requisitos del artículo 66 (identificación, hechos, lugar, firma, etc.). Si la solicitud fuera defectuosa, se requerirá al interesado para su subsanación en un plazo de diez días, ampliables hasta cinco días en casos de dificultad especial, salvo en procedimientos selectivos.
Ordenación e instrucción del procedimiento
La ordenación se rige por el impulso de oficio y la celeridad. El expediente administrativo debe tener formato electrónico y contener todos los documentos que sirven de fundamento a la resolución, excluyendo la información auxiliar o de apoyo.
La prueba en el procedimiento
Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio admisible en Derecho. El abrirá un período de prueba de entre diez y treinta días cuando no tenga por ciertos los hechos alegados.
- Rechazo de pruebas: Solo mediante resolución motivada si son improcedentes o innecesarias.
- Carga de la prueba en discriminación: Si el interesado aporta indicios fundados, corresponde a la otra parte aportar una justificación objetiva y probada.
- Valor probatorio: Los hechos constatados por funcionarios con condición de autoridad en documentos formalizados hacen prueba salvo prueba en contrario.
Informes y participación
Los informes serán, por regla general, facultativos y no vinculantes, debiendo emitirse en el plazo de diez días. El trámite de audiencia es preceptivo tras la instrucción y antes de la propuesta de resolución, con un plazo de entre diez y quince días para alegaciones.
Se puede prescindir de la audiencia si no figuran en el procedimiento ni se van a tener en cuenta en la resolución otros hechos o pruebas que los aducidos por el propio interesado.
Finalización del procedimiento
El procedimiento puede terminar por resolución, desistimiento, renuncia al derecho, declaración de caducidad o imposibilidad material sobrevenida. La tiene el deber de resolver de forma congruente con las peticiones y motivar sus decisiones.
En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si el expediente se paraliza por causa imputable a este, la Administración advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad y el archivo de las actuaciones.
Especialidades en responsabilidad patrimonial
El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o manifestado su efecto lesivo. En caso de daños físicos o psíquicos, el plazo computa desde la curación o determinación de secuelas. El procedimiento requiere informe del servicio causante y, en reclamaciones de cuantía igual o superior a 50.000 euros, dictamen del u órgano consultivo autonómico.
Tramitación simplificada y ejecución
La tramitación simplificada permite resolver el procedimiento en el plazo de treinta días cuando existan razones de interés público o falta de complejidad. Si un interesado manifiesta oposición expresa, la Administración debe seguir la vía ordinaria, salvo en infracciones leves de naturaleza sancionadora.
Ejecución de los actos administrativos
Los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión, sanciones no firmes en vía administrativa o cuando se requiera autorización superior. Los medios de ejecución forzosa, regidos por la proporcionalidad, son:
- Apremio sobre el patrimonio: Para deudas pecuniarias.
- Ejecución subsidiaria: Actos que no sean personalísimos.
- Multa coercitiva: Reiterada en el tiempo para obligar al cumplimiento.
- Compulsión sobre las personas: Para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar.
Para la entrada en el domicilio del afectado, se requiere el consentimiento del titular o, en su defecto, la oportuna .